La Asamblea Nacional de El Salvador, con 67 votos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados, decidió ampliar por vigésimo quinta vez el régimen de excepción que suspende ciertas garantías constitucionales para combatir a las pandillas.
La aprobación, sin discusión previa, extiende la medida por 30 días más. En el marco de este régimen de excepción, la iniciativa del Consejo de Ministros acumula 79,211 detenciones de presuntos pandilleros.
Según el comunicado legislativo, se considera necesario extender las medidas extraordinarias debido a la persistencia de miembros terroristas y líderes de las pandillas en libertad, lo que representa una amenaza criminal.
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Entre las garantías suspendidas se encuentran la defensa de oficio de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la prolongación de la detención provisional a 15 días, en lugar de tres, resultando en más de 200 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Familiares de detenidos se manifestaron en San Salvador exigiendo el cese de detenciones arbitrarias, la defensa de la inocencia de sus seres queridos y denunciando abusos. Organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas.
Esta medida del gobierno de Nayib Bukele surgió tras el asesinato de más de 80 personas por las maras, lo que conmocionó a la sociedad salvadoreña y rompió un pacto previo entre el Gobierno y las bandas criminales.
Sin embargo, organismos internacionales como Amnistía Internacional han criticado las acciones del gobierno salvadoreño en materia de seguridad interna, señalando que la violencia de las pandillas ha sido reemplazada por la de las fuerzas policiales, especialmente en las comunidades empobrecidas.
