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domingo, mayo 26, 2024

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Senado avanza proyecto de ley para permitir pena de muerte por abuso infantil

Nashville, Tennessee – El Senado de Tennessee, controlado por el Partido Republicano, ha dado un paso adelante en la legislación que permitiría la pena de muerte para los condenados por violación infantil, a pesar de las preocupaciones de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha prohibido tal castigo en esos casos.

El proyecto de ley fue aprobado por los republicanos con una votación de 24 a 5. Todavía necesita ser aprobado por la Cámara de Representantes, también de tendencia conservadora, antes de llegar al escritorio del gobernador Bill Lee para su firma.

Si se convierte en ley, la legislación de Tennessee permitiría al estado aplicar la pena capital cuando un adulto sea declarado culpable de violación agravada de un niño. Los condenados podrían enfrentar la pena de muerte, cadena perpetua sin libertad condicional o cadena perpetua.

Los partidarios del proyecto de ley, similar a uno promulgado en Florida por el gobernador Ron DeSantis, argumentan que su objetivo es llevar a la Corte Suprema de Estados Unidos, actualmente con una mayoría conservadora, a reconsiderar un fallo de 2008 que declaró inconstitucional la pena de muerte para casos de agresión sexual infantil.

El senador republicano Ken Yager, durante el debate del proyecto de ley, defendió su propuesta argumentando que no era inconstitucional ya que solo daba a los fiscales de distrito la opción de solicitar la pena de muerte para los condenados por violación infantil.

Cabe destacar que todas las ejecuciones en Tennessee se encuentran suspendidas mientras las autoridades estatales revisan los cambios en su proceso de inyección letal. El gobernador Lee suspendió las ejecuciones luego de un contundente informe de 2022 que detallaba múltiples fallas en la forma en que se ejecutaba a los reclusos en el estado.

El futuro de la pena de muerte para violadores de niños en Tennessee aún es incierto. El proyecto de ley enfrenta la oposición de grupos defensores de los derechos humanos y algunos expertos legales que argumentan que su aplicación sería inconstitucional. La decisión final recaerá en la Cámara de Representantes y posteriormente en el gobernador Bill Lee.

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