El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes. La iniciativa forma parte de la estrategia de su gobierno para intensificar las medidas contra la inmigración irregular.
Aunque la orden instruye a reguladores y agencias gubernamentales a detectar si personas en situación indocumentada acceden a cuentas, créditos o tarjetas, dijeron que la orden es menos estricta de lo que los bancos esperaban, ya que informes anteriores sugerían que la Casa Blanca estaba preparando una orden más estricta.
La Casa Blanca justificó la medida bajo el argumento de que la deportación de un cliente genera un riesgo de impago para los bancos. Según el Ejecutivo, no se tolerarán amenazas al sistema financiero derivadas de otorgar servicios o créditos a extranjeros en situación de expulsión.
No obstante, al no existir un registro previo de la ciudadanía de los cuentahabientes, no hay datos oficiales que respalden dicho riesgo. De hecho, un informe del Urban Institute señala que el acceso al crédito para esta población ya es sumamente limitado; estiman que solo se otorgaron entre 5,000 y 6,000 hipotecas a usuarios con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) —usado frecuentemente por indocumentados— debido a las estrictas reservas de los bancos y de las aseguradoras estatales Fannie Mae y Freddie Mac.
Este endurecimiento financiero se suma a la decisión tomada por el Departamento del Tesoro el pasado noviembre, cuando reclasificó ciertos créditos fiscales reembolsables como «beneficios públicos federales».
Los defensores de los inmigrantes han afirmado anteriormente que cualquier orden que obligue a los bancos a recopilar información sobre la ciudadanía probablemente provocaría que los inmigrantes indocumentados quedaran fuera del sistema financiero, aumentando así el número de personas sin acceso a servicios bancarios.
