El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este martes un nuevo ministro de Servicios Penitenciarios en medio de una huelga de hambre que comenzó el domingo 9 y se ha extendido a unos 16 recintos carcelarios del país.
«Designé como nuevo Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa, para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los Derechos Humanos», informó Maduro en un mensaje en X.
García Zerpa es abogado y diputado del Parlamento.
«Agradezco a la Vicealmirante Celsa Bautista, su importante labor al frente de este ministerio», añadió el mandatario sobre la ministra saliente.
La destitución de Bautista, en el cargo desde febrero de 2023, se produce en medio de una huelga de hambre que se ha extendido a unos 16 de los 80 centros penitenciarios de Venezuela «para exigir respeto a sus garantías judiciales», informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones(OVP).
OVP no precisó cuántos reclusos se sumaron a la protesta.
El lunes, sin mencionar la huelga de hambre, la destituida ministra anunció el comienzo de un «abordaje jurídico» en el Internado Judicial Rodeo III del estado Miranda (centro), una de las cárceles en huelga.
Según el OVP, los detenidos exigen una «actualización oportuna de sus cómputos, otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y el cese de los planes de abordaje impulsados por el Ministerio -Penitenciario- que, a su parecer, no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica».
También piden el respeto a las redenciones de pena que, aseguran, han sido incumplidas.
Denuncian además el retraso procesal del sistema y supuestos malos tratos de funcionarios, así como «insuficiencia alimentaria» y un hacinamiento general estimado en 200%. La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54.000 prisioneros, según cifras oficiales.
Varias de las cárceles donde se registra la huelga de hambre fueron intervenidas en 2023 por el gobierno, que prometió entonces acabar con «las mafias carcelarias en Venezuela» dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y la trata de personas.
«A mi hijo le ha tocado comer carne verde (descompuesta)», dijo a la AFP, bajo anonimato, la madre de un preso trasladado desde Tocuyito (Carabobo, centro), hasta una prisión en el estado Mérida (oeste), a unos 500 kilómetros de los tribunales que llevan su causa.
«¿Por qué nos mandaron esos muchachos tan lejos? Uno no les puede llevar ni un jabón, ni un pedazo de pan», relató la mujer que lleva ocho meses sin ver a su hijo, en huelga de hambre hace cuatro días junto a otros reclusos.
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