Ron DeSantis está fuera de la carrera por la Casa Blanca
Una normativa en Florida ha desatado una ola de indignación entre las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que califican de «cruel y perjudicial» la decisión de prohibir el acceso de estudiantes indocumentados a las universidades y colegios públicos del estado.
La medida fue impulsada el pasado martes por la Junta de Educación de Florida, un organismo compuesto por siete miembros designados directamente por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Con esta resolución, se cierra la posibilidad de inscripción en las 28 instituciones financiadas por el estado a cualquier persona que no cuente con la ciudadanía estadounidense o la residencia legal, profundizando la línea dura iniciada el año pasado cuando ya se habían eliminado los descuentos en las matrículas para ciertos estudiantes inmigrantes.
“Este fallo envía un mensaje doloroso a los jóvenes que han hecho todo bien”, “Les dice que su arduo trabajo no es suficiente y que sus sueños son menores por algo que escapa a su control”, afirmaron defensores de los derechos de los migrantes en el estado.
La medida ha recibido duras críticas no solo por su impacto social, sino también por sus repercusiones económicas y legales. Diversos analistas financieros estiman que la medida podría costarle a Florida hasta 15 millones de dólares anuales debido a los ingresos no recaudados por conceptos de matrícula y tasas universitarias.
Asimismo, sectores de la oposición han cuestionado la legalidad de la norma, argumentando que una restricción que afecta las libertades educativas de esta manera debió ser debatida y aprobada por la legislatura estatal electa, en lugar de ser impuesta por una junta nombrada a dedo por el poder ejecutivo.
Frente a la frialdad de las leyes, los defensores de la comunidad inmigrante recuerdan que detrás de cada cifra hay historias humanas de esfuerzo y superación.
Se trata de jóvenes que trabajan en dos empleos y pasan noches enteras estudiando con el único deseo de salir adelante y convertirse en los ingenieros, maestros, enfermeros y emprendedores del mañana.
El senador estatal republicano Don Gaetz defendió la restricción al declarar a los medios locales que los recursos y los espacios en los centros de enseñanza superior públicos deben reservarse exclusivamente para ciudadanos y extranjeros que tengan su documentación en regla.
