BOSTON – En un giro crucial para el mercado laboral de alta cualificación en Estados Unidos, el juez federal de distrito Leo Sorokin, en Boston, declaró ilegal la controversial tarifa de 100,000 dólares aplicada a las nuevas visas H-1B
. El fallo dictaminó que la medida debe ser invalidada, respondiendo a una demanda interpuesta por 20 fiscales generales estatales demócratas.
El origen de la disputa y el impacto en sectores clave
La tarifa, anunciada originalmente por la administración de Donald Trump en septiembre de 2025, exigía que las empresas pagaran dicha suma por cada trabajador extranjero altamente capacitado contratado bajo este programa de visados.
El argumento del gobierno: El secretario de Comercio, Howard Lutnick, defendió la medida señalando que el objetivo principal era «dejar de atraer gente» que ocupara puestos de trabajo correspondientes a los ciudadanos estadounidenses. El propio mandatario argumentaba que existía un abuso del sistema para reemplazar mano de obra local por extranjeros dispuestos a cobrar menos.
La advertencia empresarial: La decisión generó consternación inmediata en Silicon Valley y Wall Street
Figuras del sector como Elon Musk advirtieron que el país no cuenta con suficiente talento nacional para cubrir estas vacantes especializadas. Por su parte, economistas como Ethan Lewis, profesor de Dartmouth College, señalaron que la medida desaceleraría el crecimiento de la productividad y desalentaría a los estudiantes extranjeros de continuar su formación en el país.
No obstante, en su resolución escrita, el juez Sorokin concluyó que la fijación de este arancel excede las facultades conferidas por el Congreso y altera los fines originales del programa de visados humanitarios y técnicos, invalidando la medida de forma inmediata en todo el territorio nacional.
