Internacionales.- La crisis migratoria en la frontera norte de África volvió a colocar a España en el centro del debate europeo. Este martes 4 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, actualizó a 72,000 la cifra de inmigrantes irregulares que irrumpieron en el enclave de Ceuta desde Marruecos durante los últimos días de julio.
El funcionario difundió el balance oficial durante un encuentro con sus homólogos de la Unión Europea (UE), celebrado en medio de una fuerte presión diplomática generada por el ingreso masivo en el territorio español.
Según explicó Grande–Marlaska, cerca de 70,000 de los ingresados ya abandonaron el territorio ceutí y regresaron a suelo marroquí. El funcionario aprovechó la ocasión para desmentir informaciones que circularon en redes sociales sobre una presunta no devolución de quienes alcanzaran la costa por vía marítima.
La magnitud del evento provocó una respuesta inmediata en el ámbito diplomático europeo. Líderes de 22 países enviaron una misiva a la Comisión Europea para exigir a Madrid un reforzamiento en la vigilancia de las fronteras exteriores del bloque, con especial atención en los puntos de entrada considerados críticos.
En respuesta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a incrementar la protección en esos puntos mediante vigilancia reforzada o la instalación de barreras físicas.
La presión sobre el Ejecutivo de Madrid se intensificó aún más luego de que varios Estados miembros plantearan la posibilidad de expulsar a España del espacio Schengen por la afluencia de migrantes.
