Bogotá, Colombia.- A poco más de una semana del sismo que sacudió el centro-oeste del país, el gobierno colombiano decidió pasar a la acción con todos los recursos a su alcance. El presidente Abelardo de la Espriella proclamó el estado de emergencia económica, social y ecológica como respuesta directa al terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con el objetivo de agilizar la asistencia a una zona devastada.
Mediante un decreto emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la medida quedó formalizada para quince departamentos del territorio nacional y tendrá una vigencia de treinta días. El propósito, según el propio mandatario, es «conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre».
El panorama humano es desolador. Aunque el presidente reportó al mediodía del miércoles 314 fallecidos a causa del sismo, el Instituto de Medicina Legal (IML) registra una cifra mayor: 319 cuerpos recibidos e identificados hasta el momento. La discrepancia entre ambas cifras refleja la complejidad que aún enfrentan las autoridades para consolidar los datos.
El impacto territorial del terremoto es vasto. De acuerdo con las cifras oficiales, el sismo afectó a 471 municipios distribuidos en 15 departamentos, donde residen 262.154 personas damnificadas, organizadas en 147.464 familias. Además, 4.437 individuos resultaron heridos y 262 permanecen desaparecidos, mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda.
Las pérdidas materiales son igualmente significativas. El balance preliminar contabiliza 30.664 viviendas destruidas, 136.946 con daños, 302 edificios colapsados y 5.809 propiedades con afectación estructural.
La declaratoria de emergencia económica no es una formalidad: se trata de una herramienta jurídica que permite movilizar recursos tanto nacionales como internacionales y allanar el camino para la reconstrucción tras el terremoto más severo que ha vivido Colombia en lo que va del siglo.
