Una comisión anticorrupción del gobierno de Guatemala investiga una presunta red de trata de personas que operó en los últimos años en el Ministerio de Comunicaciones, informó este miércoles una fuente oficial.
«Es un tema sumamente delicado. Cualquier tema de esta magnitud tiene que ser tratado con la debida diligencia», dijo a una radio local el titular de la comisión anticorrupción, Santiago Palomo, tras divulgarse esa estructura ilegal en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
«Es un ministerio que tiene un ecosistema sumamente crítico, donde la regla es la impunidad. Es algo muy indigno y creo que el llamado a la reflexión es cómo poder volver a dignificar al personal del Ministerio de Comunicaciones. Ese es el gran reto», afirmó.
Aunque la existencia de esa red se hizo pública en medios locales en 2018 durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), pero sin denuncias en la Fiscalía, volvió a salir a flote luego de que la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, fuera destituida por el mandatario Bernardo Arévalo por incumplir fechas de pago a unas constructoras.
En una conferencia de prensa el martes, De la Vega lamentó que fuera ignorada la denuncia que sostiene hizo ante el gobernante en enero cuando asumieron los cargos.
El presidente aseguró que la denuncia está a cargo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, que creó para cumplir con su principal promesa de campaña.
Palomo aseguró que, según la exfuncionaria, «las señoritas» mencionadas en la denuncia estaban «adscritas a una dependencia del Micivi» sin que estuvieran claras las labores que realizaban.
«Aparentemente, existía un catálogo que era distribuido entre las personas involucradas; entiendo que existe ese catálogo físico; es lamentable y triste», agregó Palomo.
La comisión solicitó a esa dependencia un informe donde explique las acciones contra esa supuesta mafia que «se instauró en la cartera en administraciones de gobiernos anteriores».
«Las acusaciones son graves» y si se comprueban los hechos suponen una «violación a los derechos humanos de las personas involucradas y una trágica muestra más de los niveles de corrupción» en el Estado guatemalteco, indicó la entidad en un comunicado.
En la nota, se resaltó que el ministerio en cuestión debe explicar «cómo conoció el hecho, las particularidades, las personas afectadas y los posibles responsables de beneficiarse de dicha red».
Asimismo, calificó de «alarmante» la acusación y sostuvo que, de confirmarse, representa «un acto denigrante, repugnante e inhumano»
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