CDMX, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destapó este jueves una compleja situación en la relación bilateral con Estados Unidos: mientras Washington exige la entrega de funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico, las solicitudes de extradición que México ha presentado en los últimos años han sido sistemáticamente ignoradas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reveló que existen 38 casos en los que el gobierno estadounidense ha negado las peticiones de México para la detención urgente de personas con fines de extradición, bajo el argumento de que no hay suficientes pruebas.

«Hay 38 casos donde EE.UU. ha negado la petición del Gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición por falta de pruebas», declaró Sheinbaum.

La mandataria informó que ha instruido al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y a la consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, a revisar a fondo todos los casos ocurridos en los últimos años para evaluar los motivos de los rechazos.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen justo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitiera una orden de captura y extradición contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La situación ha generado incomodidad en ambos lados de la frontera. Mientras México asegura estar cooperando plenamente con las investigaciones, la presidenta dejó entrever que existe un desequilibrio en la relación de cooperación judicial bilateral.

«Que se revisen todos los casos»

Sheinbaum fue clara al señalar que su administración no se opone a la extradición de mexicanos cuando existan elementos sólidos, pero exigió reciprocidad por parte de Washington.

«Le he pedido al canciller y a la consejera Jurídica que conversen sobre todos los casos que ha habido en los últimos años. Necesitamos entender por qué se han negado estas solicitudes y qué está pasando del lado estadounidense», explicó.

Analistas señalan que esta postura busca equilibrar la balanza en la relación bilateral, donde históricamente Estados Unidos ha tenido mayor poder de presión en materia de extradiciones y combate al narcotráfico.

El caso del gobernador Rocha Moya ha sido particularmente sensible, pues Sinaloa es el epicentro del cártel del mismo nombre y uno de los estados más golpeados por la violencia del crimen organizado.

Por ahora, la pelota está del lado de Washington, que deberá responder si realmente existe un desbalance en la cooperación judicial o si, como afirman las autoridades estadounidenses, las 38 solicitudes mexicanas carecían de los elementos necesarios para proceder.