Washington, D.C. — El presidente Donald Trump solicitó formalmente al Tribunal del Noveno Circuito la suspensión de una decisión judicial que le impide desplegar la Guardia Nacional en el estado de Oregón, en medio de un tenso debate sobre los límites del poder presidencial durante situaciones de disturbio civil.
La petición, presentada esta semana, responde a un fallo emitido a principios de mes por la jueza federal Karin Immergut, quien determinó que el mandatario había excedido su autoridad al enviar tropas federales a Portland durante las protestas. Según el fallo, la administración no cumplió con los requisitos legales establecidos en el estatuto 10 USC § 12406 y violó la Décima Enmienda de la Constitución.
En su moción de emergencia, la Casa Blanca defendió la actuación del presidente, argumentando que “actuó dentro de su discreción” ante lo que describieron como “meses de disturbios” y una amenaza persistente a la seguridad pública. Los abogados federales señalaron que las instalaciones de inmigración en Portland fueron “asediadas de forma coordinada por grupos violentos”, mencionando incidentes que incluyeron incendios, agresiones a agentes y el uso de morteros improvisados.
El caso ha convertido a Oregón en el epicentro de una disputa legal sobre el alcance del poder ejecutivo para movilizar fuerzas federales en territorio estatal sin el consentimiento de las autoridades locales.
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha sido una de las voces más críticas del despliegue. En declaraciones recogidas por medios nacionales, calificó la medida como “una militarización ilegal” y advirtió sobre los riesgos de utilizar tropas en las calles sin una amenaza real que lo justifique.
“No hay insurrección, ni rebelión, ni amenaza a la seguridad nacional”, afirmó, subrayando que el caso pone a prueba los principios fundamentales del Estado de derecho.
El Tribunal del Noveno Circuito deberá ahora decidir si concede la suspensión solicitada por el gobierno federal, en un fallo que podría sentar un precedente clave sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y los estados.
