Una nueva legislación estatal en Tennessee, programada para entrar en vigor el próximo 1 de julio, ha desatado una ola de preocupación y dilemas éticos entre defensores de los derechos humanos y profesionales de la salud.
La ley, registrada como el Capítulo Público 1106, exige que el Departamento de Salud del estado notifique a las autoridades federales de inmigración los nombres de aquellos menores inscritos en el programa de Servicios Especiales para Niños (CSS) que no cuenten con un estatus legal en los Estados Unidos.
Esta medida coloca a decenas de familias ante la desgarradora decisión de suspender tratamientos médicos vitales para sus hijos o arriesgarse a ser expulsados del país.
El programa de Servicios Especiales para Niños, que opera desde la década de 1930, funciona como una red de seguridad financiera de último recurso para familias cuyos hijos padecen discapacidades físicas crónicas o enfermedades terminales y de alto riesgo, tales como el cáncer o la fibrosis quística, y que además no califican para la cobertura de TennCare.
Con un presupuesto anual estimado entre 2 y 3 millones de dólares, el CSS financia recursos críticos y sumamente costosos, incluyendo sesiones de quimioterapia, medicamentos especializados, tubos de alimentación y ventiladores artificiales para unos 400 menores en todo el estado.
De acuerdo con el Departamento de Salud Pública Metropolitana de Nashville y el Centro de Justicia de Tennessee, la falta de acceso a estos tratamientos representa un escenario de vida o muerte para los pacientes, señalando que la presión del plazo ya ha provocado que al menos dos familias se retiren formalmente del programa por temor a represalias migratorias.
Mientras los funcionarios locales de salud pública insisten en la urgencia de buscar alternativas humanitarias para proteger a los menores afectados, la incertidumbre crece debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales.
