Tennessee.- Lo que comenzó en febrero de 2016 como una tragedia familiar —el brutal asesinato de una mujer de 75 años y su hija a manos de Zedric Owens— se ha transformado diez años después en un símbolo de la parálisis del sistema penitenciario en Shelby County.
Owens permanece recluido en la cárcel de 201 Poplar desde hace una década sin haber enfrentado un juicio, atrapado en un ciclo infinito de evaluaciones de salud mental: tras ser estabilizado y declarado competente, regresa a la prisión, donde el entorno de alto estrés y la falta de medicación obligatoria provocan que recaiga en delirios, reiniciando el proceso legal desde cero.
Expertos y defensores de la reforma judicial, como Leslie Taylor de Memphis Crime Beat y Josh Spickler de Just City, denuncian que mantener a una persona enferma en una instalación diseñada para estancias temporales es «inhumano» y representa un fracaso institucional que ya ha costado a los contribuyentes al menos 250,000 dólares solo en manutención básica.
Mientras la defensa de Owens admite que el paso del tiempo suele debilitar los casos de la fiscalía por el retiro de oficiales o la dispersión de testigos, el sistema busca alternativas desesperadas, como una orden judicial para forzar la medicación del acusado y la propuesta de un grupo de trabajo especializado para agilizar los casos de los 500 reclusos con más tiempo tras las rejas, en un intento por dar una resolución que las víctimas y la justicia aún esperan en este 2026.
