WASHINGTON – Un tribunal federal de apelaciones ha frenado una de las medidas migratorias más contundentes de la administración de Donald Trump al bloquear la orden ejecutiva que suspendía el acceso al asilo en la frontera sur.
Este viernes se dió a conocer la decisión, misma que representa un revés judicial significativo para el plan estratégico del mandatario, el cual buscaba endurecer drásticamente los controles fronterizos, lo que prepara el escenario para un probable enfrentamiento sobre esta política ante la Corte Suprema.
El panel de tres jueces, perteneciente al Circuito del Distrito de Columbia, fue enfático al señalar que el Poder Ejecutivo no posee la facultad de anular derechos establecidos por el Congreso mediante leyes federales vigentes.
En su argumentación técnica, los magistrados determinaron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga explícitamente a las personas el derecho de solicitar protección internacional al llegar a la frontera estadounidense, independientemente de la forma en que hayan ingresado al territorio.
La decisión, adoptada por 2 votos a favor y 1 en contra, constituye una derrota significativa para la agenda migratoria de Trump.
El fallo también subraya que el presidente no puede eludir estas normativas ni diseñar procedimientos de expulsión propios que ignoren el debido proceso legal. Los jueces concluyeron que la legislación actual no autoriza la suspensión arbitraria de los derechos de asilo ni la restricción de los protocolos destinados a resolver denuncias relacionadas con la tortura, protegiendo así el marco jurídico que rige las solicitudes de refugio.
“Impedir que individuos extranjeros que se encuentran físicamente presentes en los Estados Unidos soliciten asilo —y, en caso de que cumplan con los requisitos legales que acrediten su elegibilidad, que sean considerados para recibirlo— resulta incompatible con lo establecido en la ley”, escribió en la decisión la jueza Michelle Childs.
Childs, quien fue nominada para el cargo por la administración de Joe Biden, enfatizó en el documento que las facultades de proclamación ejecutiva tienen límites claros y no pueden ser utilizadas para crear sistemas de expulsión sumaria que contravengan el mandato legislativo.
Ahora, la administración del presidente Trump, tiene la opción de solicitar al pleno del Tribunal del Circuito de la ciudad de Washington que reconsidere el caso, aunque también podría apelar directamente ante la Corte Suprema. Los expertos han señalado desde hace tiempo que, tarde o temprano, este caso llegaría a manos de los magistrados del Tribunal Supremo para su revisión.
