En breve: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su Segundo Informe de Gobierno al cumplir el primer tercio de su mandato. Reiteró que la soberanía del país «no se negocia, no se entrega y no se comparte». Su administración impulsó una reforma al Artículo 40 constitucional que prohíbe cualquier intervención extranjera en territorio mexicano sin autorización expresa del Estado.
Claudia Sheinbaum rinde su Segundo Informe de Gobierno y reafirma que la soberanía de México no se negocia frente a Estados Unidos. La mandataria trazó los ejes de su política exterior durante la presentación del balance de su gestión el 2 de septiembre de 2026 en Ciudad de México.
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Cooperación bilateral bajo cuatro principios de soberanía
Sheinbaum definió los límites de la relación con Washington mediante una fórmula que ha repetido en múltiples conferencias matutinas: «Cooperación y coordinación sí, subordinación e intervencionismo no; a México se le respeta, somos naciones iguales».
La presidenta descartó que su postura busque una confrontación económica con Estados Unidos. Calificó los aranceles unilaterales como un «error estratégico» que encarece los precios para las propias familias estadounidenses.
Su gobierno apuesta por un entendimiento basado en cuatro principios: responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y respeto absoluto a la soberanía de cada nación. «Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios», declaró.
Reforma al Artículo 40: el blindaje constitucional de la soberanía
El 1 de abril de 2025, el gobierno promulgó una reforma que modificó el Artículo 19 y adicionó párrafos al Artículo 40 de la Constitución. El nuevo texto establece que el pueblo de México «bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación».
La enmienda también prohíbe cualquier labor de investigación o persecución judicial extranjera en territorio nacional sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. En la práctica, esto subordina las operaciones de agencias como la DEA y el FBI en México a los marcos legales locales y a convenios formales de colaboración.
Rechazo a declaraciones de la DEA y solicitudes de extradición
La administración de Sheinbaum respondió a las declaraciones del administrador de la DEA, Terry Cole, quien afirmó la existencia de una «conexión mortal» entre el gobierno mexicano y los cárteles. La presidenta calificó esas expresiones como una táctica histórica de injerencia que busca generar fracturas internas.
«Ellos buscan de una u otra manera debilitar a los gobiernos, dividirnos internamente… pero se topan con pared porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo», afirmó la mandataria.
En paralelo, el gobierno rechazó una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la detención urgente con fines de extradición de diez funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Según Sheinbaum, el sistema penal mexicano exige evidencias físicas verificables, a diferencia del estadounidense, que valora testimonios de coacusados como prueba suficiente.
Soberanía y responsabilidades compartidas: fentanilo y armas
La presidenta exigió reciprocidad a Washington en dos frentes. Primero, pidió que Estados Unidos asuma su responsabilidad en la crisis de fentanilo y opioides dentro de su propio territorio, cuyo origen vinculó con la aprobación corporativa de fármacos analgésicos altamente adictivos.
Segundo, exigió frenar el flujo ilegal de armamento hacia el sur. Citó datos del Departamento de Justicia de EE. UU. que reconocen que el 74% de las armas incautadas a la delincuencia organizada en México provienen del mercado estadounidense. Anunció una ampliación de la demanda judicial en cortes norteamericanas contra fabricantes y distribuidores de armas.
