La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, dijo este viernes que los intentos por desacreditarla fallaron, un día antes de dejar el cargo en medio de sanciones de 40 países encabezados por Estados Unidos que la acusan de corrupta y antidemocrática.
(ARCHIVOS) La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, asistió al lanzamiento de una plataforma digital llamada «Crimen Cero» para promover la denuncia entre la población en la sede del ministerio público en Ciudad de Guatemala el 26 de noviembre de 2024. Porras, que ha sido sancionado por los Estados Unidos por acusaciones de corrupción, no fue seleccionado para postularse nuevamente el 20 de abril de 2026 por el comité legal que selecciona a los candidatos
Porras pone fin a una gestión de ocho años marcada por acciones para impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello fue sancionada por Washington, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
«Nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar, intentaron demeritar el trabajo» de la fiscalía, dijo la funcionaria de 72 años al presentar su último informe de labores de forma virtual.
Pero a pesar de las «presiones, señalamientos y circunstancias adversas, la institución se mantuvo firme», añadió Porras, quien será relevada por Gabriel García Luna, designado por el presidente Arévalo.
García fue juramentado este viernes por el mandatario, quien le deseó «claridad, sabiduría y una ética inquebrantable».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
El informe de Porras fue seguido en línea por su par de El Salvador, Rodolfo Delgado, quien recientemente la condecoró, lo que alimentó especulaciones de que la fiscal podría abandonar el país si su situación legal se complica, pues ya no tendrá inmunidad.
En febrero pasado, expertos de la ONU la vincularon a un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en los años 1980 durante la guerra civil guatemalteca, lo que ella rechaza.
«Ha sido una gestión histórica, con resultados reales, comprobables, medibles y verificables», reivindicó Porras, quien prometió seguir «sirviéndole a Guatemala».
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