La Corte Suprema de Estados Unidos debatió este lunes si las medidas represivas adoptadas por varias ciudades para expulsar a los sintecho son «castigos crueles» e inconstitucionales.
La sentencia podría tener importantes repercusiones para las 653.000 personas sin hogar registradas en el país en 2023.
Los nueve magistrados, en su mayoría conservadores, examinaron un fallo de apelación. Esta sentencia anuló las medidas adoptadas por la ciudad de Grants Pass, en Oregón (oeste), que prohibían a los sintecho utilizar mantas, almohadas o cajas de cartón para protegerse del frío cuando dormían a la intemperie, en nombre de la regulación de las acampadas en lugares públicos.
La corte de apelaciones se basó en su propia jurisprudencia, al considerar que la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los «castigos crueles e inusuales», se aplica a las sanciones penales contra las personas sin hogar que duermen al aire libre a menos que tengan «acceso a un refugio temporal».
Las medidas adoptadas por la ciudad «están encaminadas a hacer físicamente imposible que las personas sin hogar vivan en Grants Pass sin exponerse a multas ilimitadas y penas de cárcel», argumentó su abogada, Kelsi Corkran.
Estas medidas prevén multas de varios cientos de dólares en caso de infracción, acompañadas de un posible destierro del espacio público de la ciudad en caso de impago, susceptible a su vez de encarcelamiento.
«Lo único que hacen las ordenanzas es convertir el problema de los sintecho de la ciudad en un problema ajeno al obligar a sus residentes sin techo a trasladarse a otras jurisdicciones», añadió Corkran durante las dos horas y media de la vista.
Pero el presidente conservador del tribunal, John Roberts, objetó que no se trataba necesariamente de una criminalización de la «condición» de los sintecho, ya que podría dejar de serlo.
«Varios de nosotros tenemos dificultades con la distinción entre estatus y comportamiento», siendo este último susceptible de sanción penal, aseguró.
«Se puede eliminar el estatus de sintecho en un instante si te mudas a un albergue o la situación cambia de otro modo» y viceversa, explicó.
Su colega progresista Elena Kagan, en cambio, criticó al ayuntamiento por criminalizar una «necesidad biológica».
«Dormir es una necesidad biológica. Es como respirar. Quiero decir, se podría decir que respirar también es una conducta, pero presumiblemente, no pensarías que está bien criminalizar la respiración en público. Y para una persona sin hogar que no tiene dónde ir, dormir en público es algo así como respirar en público», dijo a la abogada de Grants Pass, Theane Evangelis.
Pero esta última discrepó. Las penas impuestas «no son en modo alguno castigos inusuales», dijo Evangelis, quien instó a los nueve jueces a «poner fin al experimento fallido» del tribunal de apelación, que, según ella, «ha alimentado la proliferación de campamentos de personas sin hogar».
La sentencia de la corte se conocerá antes del 30 de junio.
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