Washington, D.C. — El Gobierno de Honduras ha confirmado oficialmente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a más de 55,000 hondureños en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades descartan, al menos por ahora, un retorno masivo e inmediato a territorio hondureño o un golpe severo a las remesas que llegan al país centroamericano.
La canciller hondureña, Mireya Agüero, explicó este martes que la terminación de este beneficio migratorio «es una realidad con efectos concretos«. La medida tiene su origen en la decisión tomada por las autoridades de inmigración estadounidenses en septiembre de 2025, que en su momento fue impugnada ante los tribunales.
No obstante, según Agüero, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Estados Unidos emitidos en junio de 2026, en casos relacionados con Haití y Siria, redujeron considerablemente el margen para que este tipo de decisiones pudieran ser revisadas por la vía judicial. A ello se suma una resolución reciente vinculada con Etiopía, dada a conocer este mismo martes.
«Para quienes dependían exclusivamente de esta figura para su permanencia y autorización de empleo, significa una pérdida de protección, lo que aumenta su exposición a procesos de deportación y reduce la probabilidad de mantenerse en el mercado laboral formal estadounidense», advirtió la canciller en un mensaje difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Un caso analizado «migrante por migrante»
Pese a la gravedad del anuncio, Agüero aclaró que la cancelación del TPS no obliga a todos los beneficiarios a empacar y regresar de inmediato. El futuro de cada persona dependerá de factores como su arraigo en el país, el tiempo de residencia, su situación familiar, la posibilidad de regularizarse por otras vías legales y la existencia de procesos judiciales pendientes.
La canciller también quiso despejar los temores sobre las remesas, una de las principales fuentes de divisas de Honduras. Consideró que, en el corto plazo, la pérdida del TPS no se traduce en un retorno masivo de migrantes, por lo que descartó un impacto inmediato en estos envíos de dinero.
«La pérdida del TPS no implica por sí misma un retorno inmediato», enfatizó, al tiempo que reconoció el «endurecimiento reciente de la política migratoria estadounidense».
El Gobierno hondureño asegura haber asumido el desafío «con seriedad, sin generar alarma». En ese marco, Agüero destacó las gestiones diplomáticas de alto nivel emprendidas ante la Administración estadounidense para mitigar el impacto social y laboral de la medida.
Como parte de esos esfuerzos, el presidente Nasry «Tito» Asfura envió el pasado 30 de junio una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando un «periodo adicional, razonable y claramente delimitado, de transición ordenada». La petición incluye además la continuidad temporal de los permisos de trabajo y la posibilidad de ampliar las visas laborales para los hondureños afectados.
El TPS fue otorgado a Honduras en 1999, tras el paso devastador del huracán Mitch, que a finales de 1998 provocó miles de muertes y una destrucción masiva en toda Centroamérica.
A nivel interno, Honduras ha puesto en marcha una estrategia interinstitucional articulada mediante el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (Conaprohm), orientada a garantizar una reintegración digna y protegida a quienes decidan regresar al país.
