El Gobierno de México y Morena, el partido en el poder, marcaron distancia del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, luego de que el mandatario estatal concluyera una ausencia de más de 100 días.

A través de un pronunciamiento oficial emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), la administración federal precisó que la reincorporación del funcionario obedece a una decisión de carácter estrictamente personal, descartando que exista un respaldo político de la Federación a esta decisión.

Por su parte, el gobernador afirmó que regresó al cargo “con la frente limpia y en alto”, mientras que Ricardo Monreal pidió que reflexione sobre su decisión y consideró que la Fiscalía General de la República debe concluir las investigaciones.

La separación del cargo de Rocha Moya ocurrió en medio de señalamientos judiciales en Estados Unidos, donde fiscales de ese país lo vincularon presuntamente con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, acusándolo de haber recibido apoyo de la organización delictiva durante su campaña electoral de 2021.

Las acusaciones de las autoridades estadounidenses involucran también a otros nueve funcionarios y actores políticos, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien a diferencia de Rocha, aún continúa fuera de su cargo.

Ante este panorama, la dependencia federal aclaró que en México la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas y activas las carpetas de investigación correspondientes a estas denuncias, lo que confirma que ninguno de los señalados ha sido exonerado formalmente por la justicia mexicana. En este sentido, la Secretaría enfatizó que será la propia fiscalía la facultada para reportar los avances o resoluciones pertinentes de las indagatorias.

De manera paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha gestionado peticiones formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que comparta los elementos de prueba que sustenten los señalamientos contra el gobernador. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha reportado la entrega de dicha evidencia por parte de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el Cártel de Sinaloa “no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos” y señaló que la organización trafica drogas hacia ese país, donde fue designada como organización terrorista.