Los Ángeles, California.- La decisión del presidente Donald Trump de desplegar al menos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener protestas masivas contra las redadas migratorias ha generado una fuerte polémica sobretodo con el gobernador de California Gavin Newsom
Newsom calificó la medida como una acción “ilegal” y una “grave violación de la soberanía del Estado”, además de acusar a la administración federal de crear un “espectáculo” para justificar las redadas.
Desde la madrugada del domingo, unas 300 tropas de la Guardia Nacional comenzaron a llegar a Los Ángeles tras días de protestas intensas. La Fuerza Militar de reserva, que rara vez se utiliza en disturbios civiles sin una solicitud formal del estado, fue movilizada en medio de manifestaciones de rechazo en varias ciudades, principalmente en Los Ángeles y Nueva York, por la detención de migrantes durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Algunas protestas desembocaron en actos de violencia, incluyendo un automóvil incendiado en Compton, tras la expansión del operativo del ICE en Paramount, al sureste de Los Ángeles. La tensión aumentó aún más con la respuesta de las comunidades y organizaciones que calificaron la acción federal como una provocación.
Newsom, a través de sus redes sociales, exigió a Trump que cancelara la orden y devolviera el control a California, señalando que la intervención federal solo intensificaba las tensiones y distraía recursos necesarios en otros lugares. El gobernador anunció además que planea judicializar la decisión, acusando a la Administración Trump de haber activado la Guardia Nacional sin su autorización, en lo que calificó como un acto “legal y moralmente inconstitucional”.
Este despliegue representa un hito histórico, pues es la primera vez desde 1965 que un presidente activa la Guardia Nacional sin la solicitud explícita del gobernador del estado, según Raúl Hernández, exdirector de derechos humanos. Por su parte, Trump, desde el Air Force One, afirmó que quienes se opongan a la ley y el orden “enfrentarán cargos”, justificando la medida con la afirmación de que “turbas violentas” habían atacado a oficiales del ICE y otros agentes federales.
Otros rechazos
La situación también generó rechazo en México. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con los migrantes, asegurando que “los mexicanos que viven en Estados Unidos son personas honestas que buscan una vida mejor, no criminales”, en respuesta a las declaraciones de Trump.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también criticó la medida, calificándola como “innecesaria” y una simple “postura” de la administración Trump para justificar acciones represivas.
