El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández subió este martes al estrado para defenderse en un tribunal de Nueva York donde es juzgado por conspirar para traficar con drogas y armas, delitos que pueden llevarle a la cárcel con cadena perpetua si es declarado culpable.
Exhibiendo seguridad y tranquilidad, Hernández (de 55 años) trata de desmontar las declaraciones que hicieron en su contra una docena de testigos de la Fiscalía en las dos primeras semanas del juicio, el cual ha generado una enorme expectación en Honduras y en otros países de la región.
Entre quienes le señalaron, figuran connotados narcotraficantes como Devis Leonel Rivera, uno de los líderes del poderoso cartel de Los Cachiros o el exalcalde del municipio de El Paraíso (departamento de Copán), Alexander Ardón, de su propio partido político.
El suspenso generado por su declaración fue despejado al término del testimonio de los tres testigos presentados por la defensa: tres generales del Ejército. Dos de ellos enfrentan eventuales problemas con la justicia militar en Honduras después de que el Estado Mayor declaró, el lunes, que habían salido «ilegalmente» del país al no pedir autorización a las autoridades pertinentes.
La defensa del expresidente, dirigida por el abogado Raymond Colon, se apoya en el paquete de leyes y medidas que adoptó durante sus dos mandatos (2014-2022) para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado en ese violento país centroamericano, afectado por la corrupción y el poder del narcotráfico.
También, recordó que las primeras extradiciones de acusados de narcotráfico se hicieron a partir de 2014, pese a que el tratado de extradición se reactivó dos años antes durante el gobierno de Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014).
Desde entonces, según Hernández y su defensa, Honduras extraditó a 24 personas. Otras solicitudes seguían pendientes ya que los tres acusados tenían paradero desconocido.
Acotó que los primeros grandes decomisos de droga se realizaron también durante su gobierno.
En ese sentido, señaló que al cartel de Los Cachiros se le confiscaron bienes por «600 millones de dólares», el mayor «decomiso de Centroamérica», antes de que el juez Kevin Castel le cortara en su declaración y le instruyera que se limitara a contestar con un «sí», «no», o «no recuerdo» a las preguntas que se le efectuaban.
Una vez que la defensa concluya el interrogatorio, será el turno de la Fiscalía, posiblemente también este martes.
No es obligatorio que el acusado testifique en un proceso penal. Poco antes de la decisión final de la defensa, el juez recordó que No testificar, «no significa que el acusado esté asumiendo su culpabilidad».
En un principio, está previsto que el miércoles la Fiscalía y la defensa presenten sus argumentos finales antes de que el jurado empiece a deliberar. Su decisión debe ser unánime.
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