Cientos de manifestantes protestaron este miércoles en Panamá contra la actividad minera, vestidos de negro en señal de luto por la muerte de dos docentes, a quienes un hombre enfurecido disparó en un bloqueo en las afueras de la capital.
Ondeando banderas de Panamá, los manifestantes, en su gran mayoría docentes, protestaron en Ciudad de Panamá y en localidades de la periferia y de otras provincias del país, a veces en silencio y a ratos gritando consignas contra el gobierno, al que responsabilizan por la agitación social que vive el país.
«Esto lo pudo haber evitado el gobierno nacional. No solamente los docentes nos sentimos muy tristes (…) el pueblo está en la calle diciendo ‘no’ a la minería. Para nosotros la riqueza son los recursos naturales. Ayer (martes) perdimos dos compañeros en una lucha que tenemos muy pacífica», dijo a la AFP Xisto Díaz, maestro de 54 años.
Otro docente, Armando Guerra, de 52 años, acusó al presidente Laurentino Cortizo de mantenerse «indolente ante la realidad que está viviendo el país».
Desde hace casi tres semanas, los panameños protestan contra un contrato firmado por el gobierno y aprobado por el Congreso, que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) operar por 40 años la mina de cobre más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
«Si se mantiene el pueblo votando por las mismas personas, cada cinco años vamos a estar perdiendo educadores, trabajadores, cualquier clase de persona que se atreva a luchar va a morir», declaró Jerry Méndez, también maestro, de 46 años.
Para acallar las protestas, el Congreso aprobó el pasado viernes una moratoria de la minería metálica, pero decidió dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión final sobre el contrato, lo que satisfizo a los ambientalistas.
Pero el sindicato de la construcción y gremios de maestros continuaron las protestas y bloqueos para exigir que sea anulado de inmediato el contrato, que sustituye al acuerdo de la concesión de 1997, que se dio sin licitación y en condiciones desfavorables para el país.
El gobierno y la empresa argumentan que el nuevo contrato da aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial, y que la mina genera unos 50.000 empleos directos e indirectos y aporta el 5% del PIB.
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