La Corte Suprema asestó un revés a la administración Trump, extendiendo su orden que bloquea temporalmente las deportaciones aceleradas de presuntos pandilleros venezolanos detenidos en ciertas áreas de Texas. La mayoría de los jueces, con la notable oposición de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, reprendieron a la administración por no garantizar el debido proceso a los afectados.
Esta decisión de emergencia impide que las autoridades expulsen a los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 mientras se resuelve una impugnación legal en curso, lo que constituye un triunfo para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), demandante en el caso.
No obstante, la Corte Suprema rechazó la petición adicional de la ACLU de obviar los tribunales inferiores para abordar de inmediato la legalidad de la invocación de esta ley, raramente utilizada fuera de contextos bélicos, por parte del presidente Trump.
En consecuencia, el caso regresará a los tribunales de menor instancia, sumándose a otras impugnaciones presentadas por la ACLU a nivel nacional. El asunto podría eventualmente volver a la consideración de los jueces del Tribunal Supremo, quienes instaron a los tribunales inferiores a actuar con rapidez.
En su dictamen, la Corte Suprema emitió una crítica contundente a la administración Trump por notificar con tan solo 24 horas de antelación la expulsión de los migrantes a una prisión extranjera, desde la cual, según la propia Casa Blanca, no se puede asegurar su retorno.
«Para ser claros, hoy sólo decidimos que los detenidos tienen derecho a un aviso mayor que el que se les dio el 18 de abril», indicó el fallo de la Corte Suprema.
