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viernes, septiembre 12, 2025

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Tribunal federal permite a la administración Trump suspender fondos de Medicaid a Planned Parenthood

Washington, D.C.- Un tribunal federal de apelaciones autorizó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump a continuar con la suspensión temporal de los fondos de Medicaid destinados a Planned Parenthood, mientras se resuelve el litigio en curso sobre la legalidad de la medida.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, revoca una decisión previa de una corte inferior y respalda la política impulsada por la administración Trump y legisladores republicanos, que este verano aprobaron una prohibición de un año sobre los pagos estatales de Medicaid a organizaciones que ofrecen servicios relacionados con el aborto.

Aunque la ley federal ya impide que los fondos de Medicaid se utilicen para financiar abortos, la nueva disposición va más allá, afectando servicios esenciales como atención primaria, pruebas de detección de cáncer y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. La decisión representa un golpe financiero significativo para Planned Parenthood, que atiende a más de un millón de pacientes al año.

La resolución fue tomada por unanimidad por los jueces Gustavo A. Gelpí, Lara E. Montecalvo y Seth R. Aframe, quienes autorizaron la retención de los reembolsos federales mientras se evalúa la constitucionalidad de la medida. Planned Parenthood ha argumentado que la política está diseñada para perjudicar a los principales proveedores de servicios reproductivos y podría limitar el acceso a la atención médica en comunidades vulnerables.

La presidenta de Planned Parenthood Federation of America, Alexis McGill Johnson, calificó la decisión como “devastadora” y advirtió que pone en riesgo el funcionamiento de más de 200 centros de salud en todo el país.

El caso ha generado reacciones divididas entre tribunales federales, lo que mantiene en incertidumbre la operación de las clínicas y el acceso a servicios médicos para cientos de miles de pacientes. La batalla legal continúa, mientras organizaciones defensoras de los derechos reproductivos preparan nuevas acciones judiciales.

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