MÉXICO.- La comunidad LGBT+ en México continúa enfrentando desafíos significativos en el acceso a la salud, una de las áreas más limitadas para esta población históricamente marginada.
A pesar de los avances en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, muchos siguen siendo víctimas de discriminación y estigmatización, lo que impacta directamente su capacidad para recibir atención médica adecuada y oportuna.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi la mitad de las personas LGBT+ en el país optan por atenderse en unidades de salud privadas, ya sea en consultorios de farmacias o clínicas y hospitales particulares, lo que refleja una desconfianza o dificultad para acceder a los servicios públicos de salud. Solo el 26% de esta población está afiliada a instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Ejército Nacional, la Marina o Pemex.
Uno de los datos más preocupantes es que 2 de cada 10 personas LGBT+ no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la atención privada, por lo que deben acudir a servicios públicos como los que ofrece el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), antes Seguro Popular.
Sin embargo, este sistema aún enfrenta retos importantes en términos de cobertura y calidad para atender a esta población de manera adecuada y sin prejuicios.
La discriminación y la falta de sensibilización en el personal médico, sumados a la carencia de políticas inclusivas en el sistema de salud, agravan la vulnerabilidad de la comunidad LGBT+. Estas barreras no solo impiden el acceso a servicios médicos esenciales, sino que también refuerzan los estigmas y la marginación que esta población ha enfrentado durante décadas.
