La Cámara de Diputados de México, dominada por el oficialismo de izquierda, se apresta a votar este martes una polémica reforma del poder judicial en medio de bloqueos de trabajadores que obligaron a los congresistas a sesionar en un coliseo.
A la huelga que mantienen jueces y trabajadores de juzgados desde hace dos semanas en varios estados se sumaron unos 1.000 empleados de la Suprema Corte, cuyos ministros suspendieron las sesiones de esta semana en apoyo al paro.
Los magistrados del supremo volverán a valorar la situación el próximo lunes, según un comunicado emitido este martes.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador es que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%, dijo en su conferencia de prensa de este martes que los funcionarios judiciales tienen derecho a «defender sus privilegios».
Una empleada del Poder Judicial vestida como «Temis» -la diosa griega que representa la justicia- realiza una performance mientras participa en una protesta contra la reforma judicial propuesta por el gobierno mexicano en las calles de Monterrey, Nuevo León, México, el 1 de septiembre de 2024
El mandatario ha acusado a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales, pero el principal destinatario de sus críticas es el máximo tribunal, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.
López Obrador señala a los jueces de la Suprema Corte de haberse convertido en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal.
La reforma también abrió un frente de tensión con Estados Unidos, que asegura que «amenaza» la relación comercial en el marco del T-MEC y sería un «riesgo» para la democracia mexicana, pues a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.
Estudiantes participan en una protesta contra la reforma judicial propuesta por el gobierno en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2024.
«Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Hay muchísima preocupación», reiteró este martes a periodistas el embajador estadounidense, Ken Salazar.
Canadá -también socio del T-MEC- ha advertido sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.
El presidente mexicano, quien entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, rechazó esas expresiones como «injerencistas».
– Sede alterna –
Desde antes del amanecer, cientos de empleados judiciales bloquearon este martes con autos las calles que conducen a la Cámara, mientras otros colocaron cintas para impedir el paso peatonal.
Esto obligó al bloque oficialista a sesionar en un polideportivo del este de la capital, a donde empezaron a llegar los diputados pasado el mediodía.
Morena y sus aliados, que arrasaron en las elecciones generales del pasado 2 de junio, suman dos tercios de los 500 escaños que se requieren para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
Estudiantes participan en una protesta contra la reforma judicial propuesta por el gobierno en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2024.
Inicialmente habrá una votación sobre la integralidad del proyecto, y luego se debatirá cada artículo.
La iniciativa, presentada en febrero pasado, también tendrá que ser votada en el Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada.
Los críticos de la enmienda advierten que la elección popular de jueces podría erosionar la independencia judicial, mientras los más severos señalan que los candidatos a magistrados podrían ser promovidos por el crimen organizado.
Los reparos son compartidos además por inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas, que temen que la reforma pueda «resultar en una politización del Poder Judicial», advirtió la consultora británica Capital Economics.
Pero el gobierno izquierdista rechaza que la iniciativa pueda desestabilizar la economía o poner en riesgo el intercambio comercial con Estados Unidos, que en 2023 sumó 745.000 millones de dólares, según datos oficiales mexicanos.
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