El Senado de Estados Unidos inició su receso de agosto sin someter a votación la Ley SAVE America (Safeguard American Voter Eligibility), que exigiría pruebas documentales de ciudadanía para el registro de votantes en elecciones federales. La votación, calificada como prioritaria por el Ejecutivo, quedó postergada hasta mediados de septiembre. Mientras el debate federal se mantiene estancado en medio de negociaciones presupuestarias, en Tennessee ya está vigente un mecanismo estatal de verificación de ciudadanía que ha generado reacciones encontradas entre organizaciones civiles y comunidades de inmigrantes.
Entérate de las noticias más relevantes
Una agenda federal saturada
Los senadores republicanos dejaron Washington sin votar la Ley SAVE ni el plan de conciliación presupuestaria de 150,000 millones de dólares, en un esfuerzo por perfeccionar la propuesta durante agosto y septiembre. Esto deja un calendario ajustado antes de las elecciones de mitad de mandato. La viabilidad de un acuerdo en septiembre también depende de las demandas del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien solicitó elevar el gasto en defensa a 350,000 millones de dólares por la escasez de municiones y el conflicto en Irán, una expansión que podría complicar el consenso entre legisladores preocupados por el déficit fiscal.
Tennessee ya aplica su propio mecanismo de verificación
A diferencia del estancamiento en el Senado federal, Tennessee avanzó con la ley HB 2185, firmada por el gobernador Bill Lee en 2026, que faculta a los funcionarios electorales estatales a utilizar el sistema Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE), del Departamento de Seguridad Nacional, para cotejar el estatus migratorio de quienes solicitan registrarse como votantes. Los partidarios de este tipo de medidas argumentan que buscan garantizar que solo ciudadanos elegibles participen en las elecciones.
El uso de esta base de datos, sin embargo, ha generado cuestionamientos por su naturaleza estática: el sistema SAVE puede no reflejar naturalizaciones recientes, ya que se basa en la primera interacción del residente con agencias estatales, lo que incrementa el riesgo de que ciudadanos ya naturalizados sean señalados erróneamente como no autorizados. En Texas, investigaciones encontraron que más del 5% de los votantes identificados inicialmente como no ciudadanos por este sistema eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses.
El antecedente de las cartas de 2024
Tennessee ya tiene un precedente concreto con este tipo de verificaciones. En junio de 2024, las autoridades electorales del estado enviaron notificaciones a 14,375 votantes registrados cuestionando su ciudadanía, bajo advertencia de posibles penas de prisión. Un análisis geográfico mostró que estas cartas se concentraron en zonas de alta densidad hispana, como el código postal 37013 de Antioch, que recibió más de 1,200 misivas.
Ante la presión de organizaciones de derechos civiles, el estado aclaró que nadie sería eliminado del padrón electoral únicamente por no responder a la carta. Aun así, más de 300 personas solicitaron voluntariamente darse de baja del registro electoral tras recibir la notificación. Algunos analistas han señalado que este tipo de procesos puede desincentivar la participación electoral de ciudadanos naturalizados, aunque las autoridades estatales sostienen que el objetivo es únicamente confirmar la elegibilidad de los votantes.
Costos y barreras documentales
Para las familias de bajos ingresos, incluidas muchas dentro de la comunidad latina, reunir la documentación requerida puede representar una carga económica: los trámites de pasaporte tienen un costo que resulta prohibitivo para algunos hogares, y se estima que el 9% de los ciudadanos en edad de votar en el país no tiene acceso inmediato a actas de nacimiento o certificados de naturalización. A nivel nacional, se calcula que unos 69 millones de mujeres podrían enfrentar discrepancias documentales, ya que sus nombres legales no coinciden con los que figuran en su acta de nacimiento debido al matrimonio.
En el ámbito educativo, Tennessee también aplica la Ley de Verificación de Elegibilidad para Beneficios (EVEA), que clasifica a los estudiantes beneficiarios de DACA como no residentes, lo que implica matrículas hasta cuatro veces más altas y la exclusión del acceso a becas estatales.
Te puede interesar: Trump arremete contra el ganador de las primarias demócratas en Michigan: «perdedor comunista»
