Ciudad de México. — Tras una audiencia por videoconferencia que se extendió por casi 40 horas, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete personas más. Los imputados enfrentan cargos por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Las investigaciones señalan que esta red de contrabando de combustible —la más vasta detectada hasta la fecha— empleaba carros tanque de ferrocarril para ingresar petrolíferos desde Estados Unidos. El esquema, denominado «huachicol fiscal», consistía en evadir impuestos declarando cantidades menores a las reales o registrando productos distintos a los transportados durante el paso por las aduanas.
De acuerdo con las indagatorias, la empresa Ingemar —en la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario— vinculada a esta red, causó daños al erario federal estimados en 4 mil millones de pesos tan solo entre enero y julio de 2025.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que estas conductas delictivas, además de afectar la economía nacional, sirven como fuente de financiamiento para organizaciones criminales. Las operaciones financieras de la red ascienden a más de 3,000 millones de pesos y 1,386 millones de dólares en operaciones cambiarias.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó casi un centenar de datos de prueba para formular la imputación. Las medidas cautelares dictadas por la jueza quedaron de la siguiente manera:
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) «Altiplano»: Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
CERESO Nezahualcóyotl Sur: Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Prisión domiciliaria: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, debido a motivos de salud.
El 19 de julio de 2026, el exmandatario y los otros cuatro acusados fueron trasladados al penal de máxima seguridad del «Altiplano» a bordo de un vehículo blindado «Black Mamba» y bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).
Antecedentes de la investigación
La detención de los implicados es el resultado de una investigación de alta complejidad coordinada con el Gabinete de Seguridad. El combustible ilícito era distribuido principalmente en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, evadiendo las revisiones aduaneras.
Este operativo forma parte de una serie de acciones contra el «huachicol» fiscal, una práctica que ha alcanzado incluso a altos funcionarios y elementos de la Marina. Previamente, en septiembre de 2025, fueron capturados 14 miembros de estas redes, incluyendo cinco marinos, mientras que en abril pasado se logró la detención de un contralmirante en Argentina que se encontraba prófugo. Según la FGR, la defensa de los actuales imputados optó por acogerse a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
