El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó este jueves a la fiscalía, con la que mantiene una guerra abierta, de interferir en el proceso para elegir a los magistrados del máximo tribunal del país.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, vota para elegir magistrados para la Corte de Constitucionalidad, Ciudad de Guatemala, el 12 de febrero de 2026
Arévalo está enfrentado con la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran «corrupta» y «antidemocrática», tras intentar impedir la posesión del mandatario hace dos años.
Porras, que finalizará su período el 17 de mayo, aspira ahora a un puesto en la Corte de Constitucionalidad, donde comenzaron a elegirse este jueves a dos de sus integrantes mediante una votación que se vio alterada por allanamientos de la fiscalía.
«El Ministerio Público (ficalía) está nuevamente intentando interferir de manera espuria en los procesos electorales del Colegio de Abogados y Notarios», dijo Arévalo en un video publicado en X, refiriéndose a los operativos. Ese gremio elige a uno de los cinco magistrados del tribunal constitucional y a un suplente.
Los cateos de la fiscalía, presuntamente por irregularidades en el padrón electoral, buscan «amedrentar» a los votantes para «alterar» el resultado, añadió Arévalo, que acusa a la fiscal de formar parte de un entramado que supuestamente ha puesto la justicia al servicio de criminales y corruptos.
Porras, abogada de 72 años y quien rechaza las acusaciones del presidente, aspira a ser magistrada en representación de una universidad estatal, un proceso que se definirá el próximo lunes.
Arévalo tiene derecho a designar al nuevo fiscal y a uno de los cinco magistrados constitucionales.
Durante su gestión, Porras ha abierto causas contra periodistas, líderes comunitarios, exfiscales y jueces antimafia, muchos de ellos forzados al exilio.
En los últimos años, la Corte de Constitucionalidad ha sido cuestionada por presuntamente extralimitarse en sus funciones y favorecer a sectores vinculados con la corrupción.
Porras afirmó que quiere ser magistrada para garantizar la «correcta aplicación de la ley» y servir de «forma transparente, honrada» y «profesional».
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