El grupo automotriz alemán Volkswagen enfrenta este martes una audiencia ante fiscales brasileños por “graves” violaciones de los derechos humanos, incluidas prácticas de esclavitud, cometidas presuntamente en una hacienda que operaba en Brasil durante la dictadura militar.

Los investigadores han reunido un expediente de 90 páginas que, según dicen, documenta años de atrocidades cometidas por los directivos de VW y pistoleros a sueldo en un rancho ganadero que la empresa poseía en la cuenca de la selva amazónica en las décadas de 1970 y 1980.

En un intento por saber qué pasó durante el régimen militar (1964-1985), la fiscalía federal de asuntos laborales citó a representantes del segundo fabricante de automóviles del mundo a una audiencia en Brasilia para que respondan por los presuntos abusos.

Las acusaciones incluyen supuestas torturas y asesinatos cometidos en la Fazenda Vale do Rio Cristalino, en el estado norteño de Pará. 

“Hubo violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, y Volkswagen es el responsable directo”, dijo a AFP Rafael García, fiscal principal del caso.

La audiencia será el contacto inicial “para ver si se llega a un acuerdo” sin abrir un proceso criminal, añadió.

Volkswagen ha declinado comentar el caso, alegando que primero necesita “claridad sobre todas las acusaciones”.

Pero la compañía está “comprometida en contribuir muy seriamente en las investigaciones”, afirmó a AFP una portavoz de VW Brasil.

En 2020, el grupo alemán aceptó pagar 36 millones de reales (USD 6,4 millones de entonces) en compensación por haber colaborado con la policía secreta brasileña durante la dictadura para identificar a supuestos opositores de izquierda y líderes sindicales locales que luego fueron detenidos y torturados.

– Cruzada de un sacerdote –

Ese acuerdo llamó la atención de Ricardo Rezende, un sacerdote católico que pasó años recopilando pruebas de los abusos en la granja después de trasladarse a Pará en 1977 y escuchar lo que, asegura, eran historias espeluznantes.

Rezende se preguntó si la empresa también podría ser responsabilizada por esos casos y decidió compartir los cientos de testimonios recogidos con fiscales, que formaron un grupo de trabajo que pasó tres años recolectando más pruebas. 

“No se puede arreglar el sufrimiento de alguien que sufre la tortura pagando reparaciones”, dijo a AFP el sacerdote, de 70 años. “Pero puede haber una reparación simbólica. Y creo que es necesaria”.

En el expediente, las víctimas cuentan que fueron atraídas al rancho con falsas promesas de trabajos lucrativos. Luego fueron obligadas a talar la selva en condiciones extenuantes para abrir espacio a la ganadería de Volkswagen, que llegó a ser la mayor de Pará.

Los trabajadores eran mantenidos en situación de “esclavitud por deudas” al ser obligados a comprar alimentos y suministros a precios exorbitantes, dijeron los fiscales.

Quienes intentaban escapar eran golpeados, amarrados a árboles y dejados allí durante días por guardias armados, sostuvieron.

En un caso, tres testigos afirmaron que hombres armados secuestraron y violaron a la esposa de un trabajador en represalia porque intentó huir.

“Hubo abusos extremadamente graves”, afirmó Rezende, quien estima en miles los trabajadores esclavizados.

– ¿VW en la selva? –

La historia de VW evidencia cómo el régimen militar veía a la Amazonía y ayuda a explicar por qué la mayor selva tropical del mundo está amenazada.

Entonces Brasil impulsaba con urgencia el desarrollo de la selva, que la dictadura consideraba atrasada, prometiendo tierras a colonos y lanzando políticas para atraer empresas. 

Volkswagen se benefició de exenciones fiscales y préstamos favorables por talar la selva para desarrollar la finca, sin mencionar sus vínculos estrechos con el régimen, apuntó Rezende.

“Por un lado, Volkswagen amaba la dictadura. Por el otro, era un negocio muy rentable”, agregó. “Podía tener 6.000 personas trabajando prácticamente gratis”.

Autoridades afirman que esas prácticas estaban muy extendidas en la Amazonía, incluso tras la dictadura.

Pero exigir responsabilidades a otras empresas dependerá de obtener pruebas suficientes, dijo García.

© Agence France-Presse