Washington,DC.- La Casa Blanca anunció este miércoles la imposición de aranceles del 50 % a productos brasileños a partir del 1 de agosto, como respuesta a lo que califica como “acciones y políticas que amenazan la seguridad nacional y los intereses económicos” de Estados Unidos.
La decisión se formalizó mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.
El comunicado oficial detalla que la orden incluye un incremento adicional del 40 % en los aranceles, que se suma a un gravamen previo, llevando el total al 50 %. La medida impactará directamente sectores estratégicos de la economía brasileña, como el acero, los alimentos procesados, productos agrícolas y minerales.
Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo estadounidense argumenta que el Gobierno brasileño ha adoptado prácticas que interfieren con los intereses políticos, económicos y diplomáticos de Estados Unidos. Entre ellas, menciona presuntas violaciones de derechos humanos, persecución a opositores, y presiones a empresas tecnológicas con sede en EE.UU.
Críticas por el proceso judicial contra Bolsonaro
La Casa Blanca también acusa a Brasil de perseguir judicialmente al expresidente Jair Bolsonaro y a sus aliados, señalando que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva estaría detrás de acciones “intimidatorias” y “censura política”.
Según el comunicado, el magistrado Alexandre de Moraes habría coordinado esfuerzos para sancionar a críticos del Gobierno, incluso en territorio estadounidense, lo que llevó a la revocación de visas a él y a miembros del Supremo Tribunal Federal (STF).
Disputa por políticas tecnológicas
Además, Washington critica las demandas del STF a plataformas digitales para modificar sus normas de moderación de contenido y entregar información de usuarios, argumentando que estas exigencias constituyen una coacción sobre compañías norteamericanas.
Desde Brasil, la postura oficial ha sido justificar estas medidas como parte de un esfuerzo por combatir discursos de odio y evitar que las redes sociales se utilicen para promover acciones que atenten contra el orden constitucional.
