Estados Unidos.- En una acción legal de carácter privado, el presidente Donald Trump, junto a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y la empresa familiar, demandan al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Departamento del Tesoro por 10,000 millones de dólares, afirmando que no protegieron debidamente sus declaraciones de impuestos, las cuales fueron filtradas a la prensa por un exempleado federal.
La querella, presentada ante un tribunal de Miami, sostiene que el extrabajador del IRS, Charles Littlejohn, accedió ilegalmente a información tributaria confidencial y la filtró a medios como The New York Times y ProPublica.
Según el documento, los demandados tenían “el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes y la información relacionada frente a inspecciones no autorizadas y divulgación pública”. La demanda acusa a las instituciones de exposición injustificada que causó daños reputacionales y financieros, así como una humillación pública que afectó la imagen empresarial de Trump y la de su familia.
La cifra buscada por los demandantes asciende a 10,000 millones de dólares, con un reclamo de 1,000 dólares por cada divulgación no autorizada de las declaraciones de impuestos. En palabras del equipo legal de los demandantes, la filtración de datos no solo vulneró la privacidad, sino que también tuvo impacto directo en la valoración de sus negocios y en la confianza de inversores y aliados.
El caso se apoya en antecedentes judiciales que involucran al exempleado Charles Littlejohn, quien en 2023 se declaró culpable de filtrar registros fiscales de Trump al New York Times tres años antes.
Littlejohn fue condenado a cinco años de prisión por ese delito. Los documentos presentan la filtración como un acto deliberado y coordinado que vulneró la seguridad de la información fiscal y pudo haber afectado decisiones financieras y estratégicas de la familia Trump.
El equipo legal de Trump sostiene que la filtración tuvo consecuencias negativas tanto reputacional como económicamente, afectando la percepción pública de la empresa familiar y la capacidad para operar en mercados sensibles a la transparencia de información fiscal.
Aunque el proceso está en etapas iniciales, los demandantes buscan no solo una reparación financiera, sino un precedente sobre la responsabilidad de las agencias federales en la protección de datos confidenciales de individuos privados y figuras públicas.
