CENTROAMERICA.- Impuso un estado de sitio Guatemala en El Estor Izabal, al norte de la capital guatemalteca, luego de enfrentamientos registrados entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y policías enviados por el gobierno a defender las operaciones de estos.

La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio. El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia para lo cual debe ser ratificado por el Congreso de la República.

Entre los derechos constitucionales limitados están la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, de reunión y manifestación, la tenencia de armas y la movilidad limitada de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente.

El decreto publicado en el Diario Oficial justifica la imposición del estado de sitio debido a: “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y seguridad de los habitantes en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de movilidad de los habitantes”.

Y es que durante dos días miles de policías se enfrentaron con pobladores campesinos e indígenas lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras lluvias de piedras se lanzaban desde ambos lados dejando varios heridos.

Durante los enfrentamientos miembros de las fuerzas policiales amenazaron a estos para no grabarles, fotografiarles ni hacer su trabajo reporteril denunciaron periodistas locales.

El conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fenix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblos no habían sido consultado para la implementación de estos megaproyectos denunció la Procuraduría de Derechos Humanos.

La procuraduría dijo que desde principios de mes pobladores realizan plantos y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta que ordenó la Corte de Constitucionalidad.

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MR