Austin, Texas.- La Agencia Educativa de Texas (TEA) ha iniciado una investigación formal contra más de un centenar de profesores de escuelas públicas, tras recibir denuncias sobre publicaciones en redes sociales relacionadas con el asesinato del activista político Charlie Kirk, ocurrido la semana pasada. El gobernador Greg Abbott respaldó públicamente la medida este lunes, calificando las acciones como necesarias para preservar la integridad del sistema educativo estatal.
Según el comisionado de la TEA, Mike Morata, se han recibido al menos 180 reportes de docentes que habrían compartido contenido considerado “inapropiado” o potencialmente incitador de violencia. De confirmarse que alguno de los implicados promovió discursos que puedan interpretarse como llamados a la violencia, se procederá a revocar su licencia profesional y se les prohibirá ejercer en el sistema público de enseñanza.
La decisión ha generado una fuerte reacción por parte de la Federación Americano-Texana de Profesores (AFT), que calificó la investigación como una “cacería de brujas” y una amenaza directa a la libertad de expresión. “Si valoran su libertad, ahora es el momento de alzar la voz y defender el derecho de todos los tejanos a opinar sobre asuntos de debate cívico”, expresó Zeph Capo, presidente del sindicato, en un comunicado oficial.
Este episodio se suma a una serie de despidos recientes en instituciones de educación superior del estado. Texas State University cesó a un profesor de Historia por presunta “incitación a la violencia política” durante una conferencia virtual de corte socialista, celebrada días antes del asesinato de Kirk.
Por su parte, Texas A&M University despidió a dos docentes de la Facultad de Artes luego de que un video viral mostrara a una estudiante criticando la enseñanza de “ideología de género”, lo que provocó reacciones entre figuras conservadoras.
El debate sobre los límites de la expresión académica y el papel de los educadores en el discurso político se intensifica en Texas, mientras las autoridades estatales refuerzan medidas que, según críticos, podrían tener implicaciones profundas en la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento en las aulas.
