Washington, DC.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló de manera unánime el jueves en contra de México, bloqueando una demanda de 10,000 millones de dólares contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes el gobierno mexicano acusa de fomentar la violencia de los cárteles de drogas.
El fallo desestimó el caso bajo las leyes estadounidenses que protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad civil cuando sus productos son utilizados en delitos, argumentando que la legislación vigente impide responsabilizarlos en estas circunstancias.
Fabricantes reconocidos como Smith & Wesson habían apelado después de que un tribunal inferior permitiera que la demanda continuara bajo una excepción para casos en los que se acusa a las empresas de violar la ley. México, por su parte, había solicitado que se permitiera que el caso siguiera en marcha, señalando que el proceso aún estaba en sus etapas iniciales.
La demanda, presentada en 2021, fue una de las más ambiciosas del gobierno mexicano, dirigida contra empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. Aunque México tiene estrictas leyes sobre armas y solo cuenta con una tienda legal, miles de armas ilegales ingresan cada año al país a través de los poderosos cárteles de drogas.
El gobierno mexicano sostiene que al menos el 70% de esas armas provienen de Estados Unidos y acusa a las empresas de saber que sus armas son compradas por traficantes y utilizados en el contrabando. Sin embargo, las compañías rechazan las acusaciones, alegando que la demanda no prueba que sean responsables del uso de sus productos en actos de violencia.
Un juez federal inicialmente desestimó la demanda en base a una ley de 2005 que protege a los fabricantes de armas de la mayoría de las acciones civiles. No obstante, un tribunal de apelaciones revivió el caso, estableciendo que la demanda caía bajo una excepción que permite demandarlos cuando se demuestra que violan conscientemente las leyes en sus prácticas comerciales.
Este mismo criterio ha sido aplicado en otros casos, incluyendo demandas derivadas de tiroteos masivos, como el ocurrido en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en Connecticut, donde las familias de las víctimas lograron un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con el fabricante Remington, tras argumentar que infringió leyes en la comercialización del rifle utilizado en la tragedia.
