WASHINGTON D.C. – La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a las autoridades de vivienda pública de todo el país que verifiquen el estatus migratorio de sus inquilinos. Según dió a conocer el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Scott Turner, anunció que todas las 3,000 Autoridades de Vivienda Pública (PHA) tienen 30 días para auditar a sus arrendatarios y asegurar que solo ciudadanos estadounidenses o residentes legales reciban los beneficios. Así lo expresó Turner durante una entrevista televisiva el pasado viernes 29 de agosto a Charles Hurt de Fox News Channel en «Jesse Watters Primetime».
Turner señaló que las administraciones anteriores hicieron la vista gorda ante el uso de estos recursos por parte de inmigrantes indocumentados, lo que ha provocado que solo una de cada cuatro familias estadounidenses elegibles reciba actualmente asistencia de HUD.
Informó que la primera en ser auditada será la Autoridad de Vivienda de Washington, D.C. Las demás PHA, que gestionan viviendas de la Sección 8 y otros programas federales, han recibido una carta de Turner en la que se les exige un informe completo con los nombres, direcciones y pruebas de estatus legal de cada inquilino. El incumplimiento de esta orden podría resultar en la pérdida de fondos federales.
Con esta medida, la administración busca asegurar que las viviendas financiadas por los contribuyentes se destinen exclusivamente a aquellos que tienen derecho legal a residir en el país.
La carta dice lo siguiente:
“Hoy, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) está tomando otra acción directa y enérgica para administrar sabiamente el dinero de los contribuyentes y poner fin a los subsidios a las políticas de fronteras abiertas en los programas y políticas financiadas por HUD.
Dentro de los 30 días de recibir este aviso, HUD solicita que cada Autoridad de Vivienda Pública (PHA) proporcione un informe completo e integral de todos los inquilinos que reciben un vale de la Sección 8 y/o residen en viviendas financiadas por HUD.
HUD solicita el nombre, la dirección postal, el número de habitaciones, el costo de la unidad y un comprobante de ciudadanía estadounidense o estatus migratorio elegible, según lo define la ley. Esta información es un requisito legal y esta administración la está cumpliendo al máximo.
Los inmigrantes ilegales ya no podrán dejar las casillas de ciudadanía en blanco ni aprovechar las viviendas financiadas por el HUD, aprovechándose de los ciudadanos estadounidenses trabajadores.
Actualmente, HUD sólo atiende a una de cada cuatro familias elegibles debido, en parte, a la falta de aplicación de la prohibición contra la asistencia financiada con fondos federales a inmigrantes ilegales.
«HUD aplicará todas las medidas de cumplimiento disponibles contra las entidades que no cumplan con la solicitud de información de ciudadanía, incluyendo, entre otras, el examen de la financiación de HUD y/o la evaluación de la elegibilidad del programa PHA».
The beginning of the end for illegals living in taxpayer-funded housing starts now.@POTUS promised to put Americans first and HUD is delivering results.
— Scott Turner (@SecretaryTurner) August 30, 2025
Get ready @Sec_Noem and @StephenM! pic.twitter.com/UNR6otW976
El pasado mes de marzo, Turner y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmaron un memorando de entendimiento que evaluaba la revisión de la vivienda pública debido al aumento de la inmigración ilegal durante la administración Biden.
