San Salvador, El Salvador.- Este martes, la capital de El Salvador fue escenario de protestas frente a la Asamblea Legislativa, donde organizaciones sociales y residentes de diversas comunidades exigieron a los diputados que mantengan la ley que prohíbe la minería metálica, aprobada en 2017.
El movimiento surgió tras las declaraciones del presidente Nayib Bukele, quien ha promovido la derogación de dicha ley, argumentando que El Salvador cuenta con significativas reservas de oro que podrían transformar la economía del país.
Desde las primeras horas del día, miembros de comunidades como Santa Marta y activistas ambientalistas llevaron a cabo un plantón frente al Congreso. Los manifestantes advirtieron que permitir la explotación minera pone en riesgo recursos vitales como el agua y afecta directamente la salud de la población.
Simultáneamente, otro grupo de organizaciones realizó una caminata hacia la Casa Presidencial para entregar un pliego de peticiones que no solo abarca la minería, sino también denuncias sobre el régimen de excepción, el cual ha dado lugar a múltiples detenciones arbitrarias, según informaron los convocantes.
Las concesiones actuales del Ejecutivo para promover la minería metálica han provocado un fuerte rechazo en la región, donde comunidades han mostrado una resistencia similar a proyectos impulsados por empresas mineras canadienses. Un caso notable fue la manifestación acuática de abril de 2024, cuando activistas de El Salvador, Guatemala y Honduras navegaron por el lago de Güija para oponerse al proyecto de la mina Cerro Blanco, un plan de extracción de oro y plata ubicado en Guatemala, cerca de la frontera salvadoreña.
Este proyecto ha despertado preocupaciones por su conversión a un modelo de explotación a cielo abierto, lo que podría tener efectos devastadores sobre los ecosistemas de ambos países.
