Washington, DC.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha instruido a su Administración para iniciar de inmediato la elaboración de un nuevo censo nacional, el cual se basará en datos actualizados tras las elecciones presidenciales de 2024 y excluirá a personas indocumentadas, según lo expresó en su red social Truth Social.
“He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024”, escribió el mandatario.
La iniciativa surge en medio de una creciente controversia nacional por la redistribución de mapas electorales, particularmente en Texas, donde legisladores republicanos han impulsado una propuesta que podría añadir cinco escaños a su partido en la Cámara de Representantes para las elecciones de medio mandato en 2026. La medida ha generado un fuerte rechazo entre legisladores demócratas del estado, quienes han abandonado el territorio para frenar el avance de la propuesta. En respuesta, el gobernador republicano Gregg Abbott ha amenazado con destituirlos y ordenar su arresto.
El anuncio presidencial también ha reavivado el debate sobre el alcance constitucional del censo. Según la Carta Magna, el censo oficial se realiza cada diez años —el último fue en 2020 y el próximo está previsto para 2030— y sus resultados son los únicos válidos para la asignación de distritos electorales y representación en el Congreso. Aunque el Congreso puede ordenar censos intermedios con fines estadísticos, estos no deben utilizarse para redistribuciones oficiales.
La exclusión de inmigrantes indocumentados del conteo ha generado preocupación entre expertos y defensores de derechos civiles, quienes señalan que el censo históricamente ha contado a todas las personas residentes en el país, independientemente de su estatus migratorio.
En respuesta a la medida, estados como California y Nueva York han expresado su intención de iniciar procesos similares, lo que podría intensificar el debate sobre la legalidad y el impacto político de censos alternativos en el país.
