El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, caminó este lunes desde la casa de gobierno hasta el edificio del Congreso para entregar personalmente un proyecto de reforma legal para destituir a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras.
El mandatario fue acompañado en el trayecto de cinco cuadras por la vicepresidenta Karin Herrera y decenas de seguidores que coreaban «viva Arévalo», «viva el presidente» y «fuera Consuelo», un día después de anunciar por cadena nacional que entregaría el proyecto al Parlamento.
La fiscal Porras, sobre quien pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea al considerarla «corrupta», puso en jaque la transición presidencial de enero pasado al emprender en 2023 acciones judiciales contra la elección de Arévalo y su partido Semilla.
«La fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya», afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Congreso.
En su mensaje al país el domingo en la noche, el primero desde que logró asumir el poder en enero, Arévalo afirmó que busca abrir «el camino para que la fiscal general rinda cuentas […] y sea removida de su cargo en el marco de la ley».
El presidente carece de facultades para remover a Porras, quien dirige desde 2018 la Fiscalía y tiene mandato hasta 2026.
Se trata de la iniciativa más enérgica del mandatario socialdemócrata en sus casi 120 días de gobierno contra la fiscal.
Arévalo explicó que su proyecto de reforma «sencillamente restablece los parámetros establecidos originalmente en nuestra Constitución para la remoción del fiscal general».
Hasta 2018, los presidentes guatemaltecos tenían atribuciones para remover a un fiscal general, pero el mismo Congreso quitó esas facultades.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo (C), observa durante una conferencia de prensa al llegar al Congreso para presentar reformas legales que permitirían la destitución del máximo fiscal del país, en la Ciudad de Guatemala, el 6 de mayo de 2024. Arevalo se dirigió al Congreso para presentar reformas legales que permitirían la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de conspirar para derrocarlo. Porras, que está bajo las sanciones de Estados Unidos y la UE por corrupción, fue nombrado por el predecesor de Arévalo y dirigió los esfuerzos para que la victoria electoral del recién llegado fuera revocada. Su mandato se extiende hasta mayo de 2026, y Arevalo no puede despedirla legalmente sin mostrar una causa justa bajo la ley actual
Arévalo advirtió a los diputados que «estar en contra de esta reforma es favorecer que se perpetúe la corrupción y la impunidad» en el país.
El Congreso de 160 diputados es dominado por el partido derechista del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y el movimiento de Sandra Torres, rival de Arévalo en el balotaje de 2023, que se declara socialdemócrata pero ha asumido posturas conservadoras.
Pocas horas antes del discurso de Arévalo el domingo, la fiscal Porras presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, afirmando que el mandatario iba a anunciar «acciones que pueden desembocar en atentados» en contra de su «integridad física» y «vida», y las de los demás funcionarios de la Fiscalía.
Arévalo ganó la presidencia con amplia mayoría con la promesa de combatir la corrupción, uno de los males del país centroamericano.
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