Catatumbo, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el lunes que está considerando declarar un estado de conmoción interior y una emergencia económica para enfrentar la creciente inseguridad en el noreste del país, donde una reciente ola de violencia ha dejado al menos 80 muertos y miles de desplazados.
En un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter), Petro expresó su intención de implementar medidas extraordinarias, aunque su oficina no ha hecho público el decreto con los detalles.
El foco de la violencia se centra en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde se han registrado intensos enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU estima que más de 18,000 personas han sido desplazadas debido a esta situación.
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El decreto propuesto por Petro deberá ser firmado por él y sus ministros, y aunque entrará en efecto por ser una situación urgente, será revisado por la Corte Constitucional, que tiene la autoridad para anularlo, como sucedió en 2023 con una emergencia anterior.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry advirtió que la Corte evaluará si la situación en el Catatumbo se podía manejar con las atribuciones ordinarias de las autoridades, lo que podría justificar el uso de medidas extraordinarias. Por su parte, el representante opositor Hernán Cadavid alertó que Petro podría utilizar esta declaración como «excusa» para implementar leyes que no han conseguido ser aprobadas en el Congreso.
Ante la escalada de violencia, Petro suspendió por segunda vez los diálogos de paz entre el ELN y su gobierno, que habían comenzado en noviembre de 2022. La violencia ha sido atribuida principalmente al ELN, que busca controlar el territorio del Catatumbo y sus economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas señalan que se había establecido una tregua entre los dos grupos armados, que ahora ha colapsado.
Más temprano, Petro había discutido posibles acciones ofensivas, afirmando: “El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”. La población civil ha sido gravemente afectada, y muchas personas han sido desplazadas hacia ciudades como Cúcuta y Ocaña.
Sandra Tijaro, una habitante de Tibú, pidió el fin de la violencia, expresando su preocupación por los campesinos y los niños afectados. Otros residentes también han sido obligados a abandonar sus hogares debido a amenazas de grupos armados.
Entre las víctimas fatales se cuentan al menos siete firmantes de paz del acuerdo de 2016, aunque no se ha detallado el desglose entre civiles y combatientes activos. El comandante del ELN, alias “Antonio García”, aseguró que su grupo no tiene una política de matar a firmantes de paz, pero justificó acciones contra aquellos que vuelven a estar en armas.
Petro comparó al ELN con grupos paramilitares que operaban en la región hace dos décadas y aseguró que el ELN ha traído refuerzos de otros departamentos para intensificar sus ataques.
Mientras tanto, en La Gabarra, pequeñas manifestaciones pidiendo paz han surgido, reflejando el deseo de la comunidad por un alto al conflicto. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de desplazamiento entre comunidades indígenas y reportó que continúan los secuestros y el amedrentamiento de la población civil.
Hasta ahora, más de 200 personas, incluidos firmantes de paz en riesgo, han sido evacuadas de la zona por las autoridades.
