El canciller peruano, Javier González-Olaechea, anunció este martes que su país reforzó los controles migratorios para evitar el ingreso de un nuevo éxodo de venezolanos tras las protestas por los resultados de las elecciones en Venezuela, que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro.
«Nosotros ya habíamos previsto y tomado medidas preventivas hace unos 10 días con las autoridades para reforzar los controles migratorios terrestres, de los puertos y aeropuertos», declaró a la radio RPP González-Olaechea.
El jefe diplomático indicó que la medida, que se aplica con el apoyo de la policía y efectivos militares, apunta a evitar un «nuevo éxodo» de ciudadanos venezolanos que ingresarían por la frontera norte de país.
«No podemos acoger en las magnitudes del anterior éxodo», señaló González-Olaechea.
Según datos oficiales, más de 1,5 millones de venezolanos migraron al Perú en los últimos años.
«Es evidente que la voluntad de fraude existe (por parte del oficialismo venezolano). El señor (Edmundo) González es el presidente electo de Venezuela, esa es la posición del gobierno peruano y la de muchos organismos internacionales», manifestó en referencia al candidato opositor.
González-Olaechea anunció que las autoridades peruanas no descartan considerar al régimen de Maduro como un gobierno de facto desde enero de 2025, fecha en que culmina el segundo mandato del gobernante.
«Hasta que termine su mandato es un presidente, al final del mandato se convertiría en un gobierno de facto”, señaló el funcionario.
La Cancillería peruana ordenó a los funcionarios diplomáticos venezolanos abandonar el país andino «en un plazo no mayor a 72 horas» ante «las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano».
Esa decisión se anunció después de que el gobierno venezolano ordenara el retiro de su personal diplomático en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay y exigiera lo mismo a esos países por no reconocer el triunfo de Maduro.
Estos siete países latinoamericanos, junto con Ecuador y Paraguay, habían considerado «indispensable» que existieran «garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas», en un comunicado conjunto.
Al menos cuatro personas murieron y cientos fueron detenidas en las violentas protestas que estallaron el lunes tras la cuestionada reelección del presidente socialista venezolano Nicolás Maduro.
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