Washington, DC.- La situación legal de Kilmar Ábrego García dio un giro inesperado este jueves, luego de que una jueza federal determinara que su permanencia en custodia migratoria no tiene fundamento jurídico y exigiera su liberación inmediata.
La jueza Paula Xinis, de la Corte de Distrito en Maryland, concluyó que Ábrego García fue retenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas pese a no existir una orden válida que autorizara su expulsión. En su dictamen, la magistrada también requirió a la administración federal que informe antes del final del día sobre los pasos concretos para garantizar su liberación.
El salvadoreño ya había sido deportado en marzo, en un operativo impulsado bajo nuevas disposiciones federales, cuando fue enviado junto con otros migrantes en vuelos hacia El Salvador bajo supuestos vínculos con pandillas. Esa remoción se ejecutó aun cuando existían advertencias legales que impedían su retorno forzoso al país debido a amenazas contra su vida.
Tras ser devuelto a Estados Unidos, Ábrego García enfrentó un proceso penal en Tennessee por presunto contrabando de personas y conspiración, acusaciones que él rechaza. Permaneció encarcelado hasta agosto, cuando el juez del caso ordenó dejarlo en libertad. Apenas volvió a Maryland, Ábrego García cumplió con presentarse a una cita rutinaria de supervisión, momento en el que fue arrestado nuevamente por ICE.
La defensa afirma que este segundo arresto, así como los intentos del gobierno de deportarlo incluso a terceros países, formaron parte de presiones para que aceptara declararse culpable en los cargos pendientes en Tennessee. Según documentos recientes, se le habría ofrecido ser enviado a Costa Rica si accedía a admitir responsabilidad en ese proceso.
El fallo de este jueves representa uno de los cuestionamientos más contundentes a la actuación migratoria en torno a su caso y obliga a las autoridades a indicar, en cuestión de horas, cómo procederán. Mientras tanto, familiares y organizaciones que le han acompañado celebran la decisión, aunque permanece pendiente saber si el gobierno buscará apelar la orden de la jueza Xinis.
