Tallahassee, Florida.- Una investigación liderada por la Fiscalía General del estado ha permitido la captura de diez personas vinculadas a una red criminal que se dedicaba al robo sistemático de diésel en al menos doce condados de Florida. La operación, denominada “Van Diesel”, fue anunciada este jueves por el fiscal general James Uthmeier, quien calificó el caso como uno de los más sofisticados en su tipo.
Según las autoridades, los sospechosos —siete de ellos presuntamente inmigrantes indocumentados— adaptaban camionetas para almacenar hasta 500 galones de combustible, extraídos directamente de los tanques subterráneos de estaciones de servicio. El esquema habría operado durante varios meses, generando más de 400,000 dólares en ganancias ilícitas, aunque los investigadores creen que el monto real podría ser considerablemente mayor.
Entre los detenidos también figuran tres residentes permanentes legales, quienes podrían perder su estatus migratorio si son hallados culpables. Además, cuatro de los implicados enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero, con transacciones que superan los 100,000 dólares.
Cargos federales y penas severas
Las acusaciones incluyen conspiración y violación de la Ley RICO, una legislación federal diseñada para combatir organizaciones criminales. De ser condenados, algunos de los implicados podrían enfrentar hasta 90 años de prisión.
“El robo de combustible no solo representa una pérdida económica para los negocios locales, también pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por nuestras carreteras”, advirtió el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, durante la presentación del caso junto al fiscal Uthmeier.
Investigación en curso
Las autoridades subrayaron que esta operación es solo el inicio de una investigación más amplia. Se esperan nuevas detenciones en los próximos días, mientras se profundiza el rastreo de conexiones entre los implicados y otras posibles células delictivas.
La Fiscalía de Florida reiteró su compromiso de perseguir este tipo de delitos con todo el peso de la ley, especialmente aquellos que afectan la infraestructura crítica y la seguridad pública.