Washington D.C.– El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a las agencias federales de todos los estados del país a retirar de las calles a personas sin hogar para internarlas en centros de salud mental o tratamiento médico, aun sin contar con su consentimiento.
De acuerdo con lo señalado en el documento oficial publicado por la Casa Blanca, la medida busca restaurar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana.
La orden solicita a la fiscal general, Pam Bondi, emprender acciones legales que permitan revocar antecedentes judiciales y acuerdos que actualmente limitan la capacidad de los gobiernos locales para reubicar a personas en situación de calle hacia instalaciones de tratamiento. En el texto se señala que el comportamiento errático, la vagancia y los actos violentos han contribuido a que las ciudades estadounidenses se tornen cada vez más inseguras.
Además, se instruye a la fiscal a prestar apoyo directo a autoridades estatales para facilitar el traslado y la internación de personas que, por condiciones de salud mental o de vulnerabilidad extrema, representen un riesgo para sí mismas o para terceros. “El internamiento civil adecuado permitirá una atención más humana y contribuirá a restablecer el orden”, señala la orden titulada Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses.
El documento cita cifras del último año de gestión anterior, registrando que 274,224 personas pasaron la noche en las calles, la cifra más alta documentada hasta la fecha. También se destaca que una gran mayoría enfrenta problemas de adicción a drogas duras, como metanfetaminas, cocaína y opioides, y/o padecen condiciones de salud mental severas.
La normativa exige además que departamentos como Justicia, Salud, Vivienda y Transporte prioricen recursos federales para aquellas jurisdicciones que refuercen la prohibición del consumo abierto de sustancias ilícitas y la permanencia en campamentos urbanos.
La orden contempla una amplia recopilación de datos sobre personas sin hogar y con discapacidades mentales, lo que ha despertado preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos civiles. La ACLU advirtió que la medida podría abrir la puerta a una mayor vigilancia y criminalización de esta población vulnerable.
