«No se ve la luz al final del túnel. Me voy», dice con decepción José Vásquez en Táchira, estado de Venezuela fronterizo con Colombia, tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, que la oposición denuncia como un fraude.
Gobiernos de la región temen que venezolanos como él puedan integrar una nueva oleada migratoria, luego de que 7,5 millones de personas dejaran este país caribeño durante la última década para huir de una voraz crisis, según estimaciones de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
«Estoy triste, cansado, aburrido. Fue un robo descarado», lamenta Vásquez, de 31 años, quien estudió Educación, pero es vendedor de un local comercial en San Cristóbal, capital de Táchira, por los bajos salarios de los profesores, que, sostiene, «no sirven para nada».
«Todo el mundo sabe lo que va a pasar: la gente de mi edad y la que es más jovencita se va a ir. Va a haber una fuga migratoria gigantesca. La diáspora va a ser mayor», comenta sentado en la céntrica plaza Bolívar de esta ciudad, área de intensa actividad comercial que la mañana del lunes pasado, horas después de la votación, estaba prácticamente desierta por el temor a disturbios en una región en la que hubo violentas protestas en 2014, 2017 y 2019.
«Hay zozobra, incertidumbre», expresa mientras apunta con la mano hacia las rejas bajadas de los locales aledaños.
Vásquez piensa en irse a España, donde familiares directos viven desde hace diez años. «Yo tenía esperanzas en este proceso electoral (…), ahora hay que pensar alternativas», indica.
Antes de los comicios, la encuestadora ORC Consultores proyectaba que 18% de los venezolanos estaría dispuesto a migrar en un plazo de seis meses si Maduro conservaba el poder. Sobre una población de unos 30 millones -el último censo fue en 2011-, serían 5,4 millones de personas.
– «El flujo va a aumentar» –
A poco más de una hora por carretera de San Cristóbal está San Antonio, habitual punto de partida de los migrantes que salen a pie hacia Estados Unidos con la idea de cruzar la selva del Darién, peligroso corredor entre Colombia y Panamá.
«Yo creo, ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos (por el Darién) va a aumentar por razones evidentes. Tenemos que adoptar las decisiones que correspondan también para salvaguardar su vida, su integridad y darle paso expedito», dijo en rueda de prensa el presidente panameño, José Raúl Mulino.
Unos 200.000 migrantes han hecho esta travesía en 2024, según cifras oficiales. Cerca de dos tercios eran venezolanos.
Es un tema central en la campaña presidencial de Estados Unidos, sobre todo para Donald Trump, que busca volver a la Casa Blanca con un discurso antiinmigrantes aún más fuerte que en su primer mandato (2017-2021).
Soldados panamelos custodian pasos cerrados del Darién, el 24 de julio de 2024
Ya el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá anunció que las medidas de seguridad serán reforzadas en la zona.
El independiente Observatorio de Investigaciones Sociales en la Frontera (ODISEF), en Táchira, advierte en un informe sobre la «vulnerabilidad» de los migrantes que cruzan a pie frente a redes de tráfico humano y organizaciones criminales.
– «Tenemos que prepararnos» –
Según las estimaciones de Naciones Unidas, que el gobierno de Maduro rechaza, los cinco países de Latinoamérica con mayor número de migrantes de Venezuela son Colombia (2,8 millones), Perú (1,5 millones), Brasil (568.000), Chile (532.000) y Ecuador (444.000).
«La ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto», pero «hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso tenemos que prepararnos», dijo a la prensa este miércoles la vicepresidenta de Chile y ministra de Interior, Carolina Tohá.
Migrantes venezolanos se entregan a las autoridades fronterizas de EEUU, el 24 de septiembre de 2023
Perú, en tanto, anunció que reforzó sus controles migratorios.
«No podemos acoger (a migrantes) en las magnitudes del anterior éxodo», advirtió el canciller peruano, Javier González-Olaechea, en declaraciones a la radio RPP.
Estados Unidos y varios países latinoamericanos han pedido a Venezuela divulgar las actas de votación para que puedan ser verificadas frente a las denuncias de fraude de la oposición.
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