Un jurado federal condenó hoy a una legisladora de Puerto Rico y a su esposo por participar en un plan de conspiración de robo, soborno y comisiones ilícitas que duró años para inflar fraudulentamente el salario de un asistente legislativo a cambio de una parte del salario inflado del asistente.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, desde principios de 2017 hasta julio de 2020, María Milagros Charbonier-Laureano, también conocida como Tata, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, junto con su esposo, Orlando Montes-Rivera, y su su asistente, Frances Acevedo-Ceballos, ejecutó un plan para defraudar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante un plan de robo, soborno y comisiones ilícitas. En el transcurso del plan, Charbonier-Laureano infló el salario de Acevedo-Ceballos de $800 quincenales, después de impuestos, a casi $2,900. De cada sueldo inflado, se acordó que Acevedo-Ceballos se quedaría con una parte y devolvería entre $1,000 y $1,500 a Charbonier-Laureano y Montes-Rivera.
Luego de enterarse de la investigación sobre actividades ilegales en su oficina y de una orden judicial que se había obtenido para uno de sus teléfonos, Charbonier-Laureano procedió a borrar ciertos datos del teléfono. En particular, Charbonier-Laureano eliminó casi todo el registro de llamadas, casi todos los mensajes de WhatsApp y casi todos los iMessages asociados con el teléfono.
El jurado condenó a Charbonier-Laureano y Montes-Rivera por un cargo de conspiración; dos cargos de robo, soborno y comisiones ilegales relacionados con programas que reciben fondos federales; seis cargos de fraude electrónico por servicios honestos; y dos cargos de lavado de dinero. El jurado también condenó a Charbonier-Laureano por obstrucción de la justicia por destruir datos de su teléfono celular.
Charbonier-Laureano y Montes-Rivera serán sentenciados el 10 de abril y enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración; una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo de robo de fondos federales, soborno y comisiones ilícitas; una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos; y una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero. Charbonier-Laureano también enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de obstrucción de la justicia. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Acevedo-Ceballos se declaró culpable el 7 de noviembre de soborno con fondos federales y su sentencia está programada para el 5 de febrero de 2024.
La Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el Agente Especial a Cargo Joseph González de la Oficina de Campo del FBI en San Juan hicieron el anuncio.
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