La polémica reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que convierte a México en el primer país del mundo que elegirá a todos sus jueces por voto popular, quedó lista para ser promulgada tras lograr el apoyo de 18 congresos estatales.
La enmienda constitucional, aprobada el miércoles por la mayoría oficialista de izquierda en el Senado, necesitaba ser avalada por al menos 17 parlamentos regionales antes de ser sancionada por el mandatario.
«Ya aprobados 18 (estados), o sea que ya es legal», dijo López Obrador este jueves en rueda de prensa. Es la iniciativa que más rápido cumple ese requisito desde una reforma energética aprobada en 2013, destacaron medios locales.
El mandatario añadió que esperará a que finalice el trámite en las 32 entidades para firmar el texto, que luego deberá ser reglamentado por el Congreso federal mediante leyes secundarias.
La elección por voto directo de todos los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, permitirá, según López Obrador, limpiar de corrupción al poder judicial y dará «ejemplo» al mundo.
El presidente, cuya popularidad supera 70%, acusa al máximo tribunal de favorecer a políticos corruptos, al crimen organizado y de ser la trinchera de la oposición.
Pero magistrados del Supremo, Estados Unidos y una relatoría de la ONU advierten que el voto ciudadano amenaza la independencia de poderes, pues los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas y del narcotráfico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves en un comunicado su «grave preocupación» por el impacto de la norma en la independencia judicial y el Estado de derecho.
La elección de cerca de 7.000 jueces y magistrados, incluidos unos 1.600 federales, se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Podrán postular los actuales jueces. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
– Déficit de jueces –
Una empleada judicial, disfrazada de la diosa de la justicia durante una protesta contra la reforma frente a la sede del Congreso del Estado de Nuevo León, el 12 de septeimbre de 2024 en la ciudad mexicana de Monterrey
López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda en el marco de su enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado reformas que ampliaban la participación estatal en el sector eléctrico y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
Sheinbaum, elegida por abrumadora mayoría el 2 de junio, advirtió este jueves que sería «ilegal» que la corte intente frenarla mediante amparos.
El alto tribunal resolvió también este jueves reanudar sus actividades, suspendidas en respaldo a una huelga de empleados judiciales que aún se mantiene.
La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según cifras oficiales que dan cuenta de un rezago de 47.000 expedientes ante el déficit de jueces (4,4 por cada 100.000 habitantes).
Oenegés como Impunidad Cero critican que la normativa no toca a fiscalías y policías, a las que también señalan de corrupción y de baja capacidad investigativa.
En estados como Guerrero, duramente golpeado por el crimen organizado, algunas morgues llevan sus registros en papel y carecen de sistemas para compartir información con sus pares, en tanto decenas de miles de cadáveres permanecen sin identificar, según sus funcionarios.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habla durante la presentación de su último informe de gobierno, el 1 de septiembre de 2024 en la plaza del Zócalo, en el centro de Ciudad de México
– Jueces sin rostro –
La iniciativa tensó además las relaciones con Washington y Canadá, que advierten sobre un daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado T-MEC, que convirtió a México en el primer socio comercial de Estados Unidos.
El proyecto fue aprobado tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales y estudiantes.
Las deliberaciones fueron trasladadas a la antigua sede del Senado en Ciudad de México, como ocurrió una semana atrás cuando la Cámara de Diputados tuvo que aprobar la norma en un polideportivo, pues su edificio fue bloqueado.
Funcionarios judiciales aseguran que los cambios eliminan los ascensos por méritos, mientras López Obrador sostiene que nadie será despedido.
Otro aspecto controversial son los jueces sin rostro -figura aplicada en países como El Salvador en la guerra contra las pandillas- para preservar la identidad de los juzgadores frente al crimen organizado. Activistas salvadoreños denuncian que ese mecanismo derivó en abusos contra inocentes.
El único caso similar al de México en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Sin embargo, la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de las disputas políticas.
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