La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, denunció este domingo un intento de «demolición del poder judicial» en México, donde el oficialismo de izquierda empezó a discutir una polémica reforma a ese sector en el Senado.
«La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende», dijo Piña en una inusual alocución por redes sociales, mientras miles de personas protestaban en Ciudad de México contra el proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.
Acompañada de otros colegas, la ministra, quien el viernes participó en protestas contra la reforma organizadas por funcionarios judiciales en huelga, anunció dos propuestas elaboradas por el poder judicial.
Según esos planteamientos, la elección afectaría la independencia de los juzgadores y facilitaría el «involucramiento de grupos de poder y de crimen organizado en la conformación del poder judicial».
Piña llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a escuchar las observaciones que advierten que la enmienda socavará la impartición de justicia.
Pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, autor del proyecto, denunció el sábado que sus adversarios «están queriendo confundir» con la idea de que la reforma constitucional creará «inestabilidad».
«¿Qué miedo van a tener si lo que queremos es que se acabe la corrupción?», cuestionó en Tulum (este) durante una gira con la presidenta entrante y copartidaria, Claudia Sheinbaum, quien apoya la iniciativa.
El texto fue aprobado el pasado miércoles por la Cámara de Diputados, que tuvo que sesionar en un polideportivo pues el edificio legislativo fue bloqueado por manifestantes.
La propuesta también es cuestionada por Estados Unidos y Canadá, que advierten de un daño a la democracia y al acuerdo comercial T-MEC, así como por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Washington advirtió que la elección popular podría ser aprovechada por el narcotráfico para manipular a los jueces, lo que el gobierno rechazo como una declaración «injerencista».
– Senado inicia debate –
El mensaje de Piña se produjo poco después de que dos comisiones del Senado iniciarán la primera discusión del proyecto de López Obrador, cuya popularidad supera el 70%, según las encuestas.
Al oficialismo solo le faltaría un voto en esa cámara para lograr los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostiene que 85 serían suficientes.
El mandatario, que concluirá su mandato el 1 de octubre, asegura que la reforma es necesaria además para combatir la impunidad, que según oenegés ronda 90%.
La propuesta de enmienda plantea que los candidatos a jueces y magistrados sean propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
López Obrador acusa a miembros del poder judicial de favorecer a los llamados delincuentes de cuello blanco y a criminales y de tener ingresos superiores a lo que establece la ley.
El presidente sostiene además un duro enfrentamiento con la Suprema Corte, a la que señala de haberse convertido en aliada de la oposición tras bloquearle reformas clave en los sectores energético y de seguridad.
En medio de este choque de poderes, Piña resolvió el jueves pasado consultar a sus colegas para determinar si el máximo tribunal es competente para frenar el proyecto, tal como pidieron funcionarios judiciales, lo que fue rechazado por el presidente.
– «Que no se rajen» –
El proyecto fue aprobado en comisiones del Senado la noche de este domingo y se espera sea presentado al pleno el martes para su votación un día después.
Además de la huelga, la iniciativa desató protestas de estudiantes de derecho y organizaciones civiles.
Miles de personas se manifestaron este domingo frente al Senado en rechazo a la discusión, aunque permitieron el paso al recinto ubicado en el tradicional Paseo de la Reforma.
«¡El poder judicial no va a caer!», corearon los manifestantes.
«¡Que no se rajen (acobarden)!, que cumplan la palabra dada de votar en contra de la reforma», reclamó de su lado a los legisladores opositores Claudio X. González, un acaudalado empresario al que López Obrador considera el jefe de la oposición.
Los 43 senadores opositores, que acaparan la atención mediática, han denunciado en los últimos días supuestas presiones del oficialismo para conseguir el voto restante.
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