NASHVILLE— En las primeras horas del 4 de mayo de 2025, defensores y organizadores en Nashville confirmaron lo que parece ser una operación de control de inmigración coordinada durante la noche entre la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y arrestar a miembros de la comunidad que conducían en Nolensville Road y Harding Place en el sur de Nashville.
Lo siguiente es una declaración de Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee:
Detener arbitrariamente a padres que regresan a casa y a trabajadores que se dirigen a sus trabajos no hace que Nashville sea más seguro ni más fuerte. Al contrario, destroza familias, erosiona la confianza en las fuerzas del orden y genera miedo, trauma y aislamiento que debilitan el tejido colectivo de nuestra comunidad. Este es otro acto inadmisible de crueldad y abuso de poder por parte del ICE, en colaboración con las fuerzas del orden estatales, que tendrá un impacto devastador en las familias de Nashville y más allá.
Es más, esta operación, centrada en un barrio con una población inmigrante establecida y dinámica, rezuma perfilación racial y discriminación inconstitucional. Exigimos transparencia a todos los niveles de las fuerzas del orden sobre la naturaleza y el alcance de esta operación, mientras luchamos por proteger los derechos de todos los que viven y trabajan en nuestra comunidad, independientemente de su estatus migratorio.
La administración Trump, en colaboración con agencias estatales y locales, está intensificando las tácticas crueles y extremas de control migratorio en nuestras propias comunidades.
Sin embargo, organizadores, defensores y organizaciones comunitarias están presentes apoyando a las familias afectadas con una visión clara de un Tennessee donde todos podamos sentirnos parte de la comunidad y prosperar, sin importar de dónde venimos, cuánto ganamos o cómo llegamos a llamar a Tennessee nuestro hogar. En este momento, nuestra máxima prioridad es garantizar que cada persona afectada tenga un juicio justo y que las familias puedan reunirse lo antes posible.