Washington D.C..- Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño de 30 años, ha vuelto al centro del debate migratorio en Estados Unidos tras anunciar, a través de sus abogados, su intención de solicitar asilo. Ábrego fue detenido esta semana en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de haber sido liberado de una prisión en Tennessee.
La administración del expresidente Donald Trump había señalado a Ábrego como miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él rechaza. En medio de este contexto, el gobierno estadounidense ha planteado su deportación a Uganda, una decisión que sus abogados califican como represalia por su resistencia legal a ser enviado a El Salvador y por no aceptar cargos federales relacionados con tráfico de personas.
El historial migratorio de Ábrego es complejo. Llegó a Estados Unidos en 2011, cuando tenía 16 años, para reunirse con su hermano en Maryland. En 2019, un juez de inmigración le negó el asilo por haberlo solicitado fuera del plazo legal, pero emitió una orden que impedía su deportación a El Salvador, debido a amenazas de violencia por parte de pandillas locales.
A pesar de esta protección judicial, Ábrego fue deportado en marzo de ese mismo año a una prisión salvadoreña, lo que provocó una demanda presentada por su esposa. La Corte Suprema intervino y ordenó su regreso a territorio estadounidense en junio, aunque solo para enfrentar cargos federales.
Ahora, con una nueva orden de deportación en marcha, Ábrego busca reabrir su caso en Maryland y solicitar asilo nuevamente. Como alternativa, ha expresado su deseo de ser enviado a Costa Rica si debe abandonar Estados Unidos.
El posible traslado a Uganda ha generado controversia, especialmente por las denuncias de que dicho país habría aceptado recibir deportados como parte de un acuerdo político con la administración Trump. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el destino de Ábrego y por el uso de la deportación como herramienta de presión política.
El caso continúa en desarrollo y podría marcar un nuevo precedente en la política migratoria estadounidense.